La comisión Bicameral de Trámite Legislativo, con el apoyo del oficialismo y la oposición, avalaron en las últimas horas el decreto de derogación de la intervención de la empresa Vicentin, medida que había dispuesto el Gobierno nacional pero luego retrotrajo debido a la presión pública que ejercieron la oposición y parte de la sociedad.
Durante su intervención, el presidente de la bicameral, Marcos Cleri, planteó que «con la intervención lo que se buscó fue poder llevar tranquilidad, certeza a los acreedores de la empresa que está concursada y que está en cesación de pagos desde el 4 de diciembre de 2019».
Al tomar la palabra, el diputado macrista Pablo Tonelli discutió los fundamentos del dictamen del oficialismo, y presentó las razones por las cuales Juntos por el Cambio firmaría un dictamen propio en minoría.
«No cabe la menor duda de que el DNU 522 fue definitivamente ilegal, inconstitucional, un avasallamiento y una clara violación de la división de poderes. Lo mejor que podía hacer es derogarlo, hizo bien en derogarlo. Ahora, lamento que al derogarlo no lo haya hecho con los fundamentos correctos y adecuados», sostuvo.
A su turno, Fernández Sagasti aseguró que la medida fue constitucional y legal, basada en la Ley 21.499 de expropiaciones. «El único fin que tenía el Estado Nacional fue el de asegurar las fuentes de trabajo y evitar el despojo a productores», argumentó.
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