La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, junto a diputados del oficialismo y de la oposición coincidieron en la necesidad de avanzar en la sanción de una ley que prevenga y erradique la violencia institucional en el país.
Al exponer ante un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos, la ministra celebró que haya voluntad entre los diputados de avanzar en una ley porque, dijo, «faltan herramientas para prevenir y sancionar los casos de violencia institucional».
En tanto, Pietragalla Corti renovó su pedido de que se avance en una ley de violencia institucional y dijo que «este es un problema de la democracia» al tiempo que asumió que es necesario «ser muy claros con los mensajes que desde el Ejecutivo se dan para erradicar esta problemática».
«Tenemos que tener un compromiso entre «todes» para generar políticas transversales que piensen en erradicar esta problemática. Hay que entender que esto no genera un prejuicio a un sólo gobierno, sino a todos los poderes del Estado», afirmó.
En tanto varios diputados dieron su punto de vista al respecto. La presidenta de la comisión de Seguridad Interior, Paula Penacca, dijo que se buscará «avanzar en la construcción de una ley para erradicar la violencia institucional» y señaló que «sería muy importante poder sacar la ley por consenso».
En tanto, el legislador del Frente de Todos Leonardo Grosso remarcó que es necesario «asumir realmente a la violencia institucional como una deuda de la democracia» y advirtió sobre la «posibilidad histórica» de saldarla «porque todos y todas coincidimos en que hay que resolver este problema».
A su vez, el radical Fabian Quetglas se pronunció a favor de una ley contra la violencia institucional con «un estándar en términos de calidad y de procedimientos» que garantice «un conjunto de acciones».
Según dijo, «es justamente todo lo contrario de lo que hizo la gestión de Daniel Scioli cuando con un criterio oportunista, respondiendo a un clamor popular, creó policías en seis meses armando a personas sin la calificación efectiva y poniéndolas en las calles».
En el primer tramo del informe, Frederic precisó que desde que se inició el aislamiento obligatorio por la pandemia del Covid-19 se realizaron «39 denuncias» que involucran a personal de fuerzas federales de seguridad en hechos de violencia institucional y aseguró que esa cartera será «inflexible» en la investigación de esas causas.
«Rechazamos y condenamos todo acto de violencia institucional», aseveró Frederic, quien resaltó que a esa cartera «no sólo le preocupa la violencia física sino aquellas prácticas violentas que se encuentran invisibilizadas como el racismo y la discriminación».
La ministra destacó además la articulación de políticas que lleva adelante esa cartera y los planes de entrenamiento y capacitación de las fuerzas de seguridad a su cargo, así como la puesta en práctica de principios internacionales para «garantizar el accionar policial respetuoso de los derechos humanos».
También detalló que «al tomar conocimiento de los hechos de violencia institucional ocurridos en Chaco, San Luis, Tucumán, Chubut y provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad se contactó con las autoridades provinciales».
