Cancillería emitió una declaración en la que señala que «no comparte las referencias sobre el supuesto vínculo de la crisis en Venezuela con la seguridad y estabilidad de la región».
El Gobierno argentino aclaró este martes que no suscribe el reclamo del Grupo de Lima para que los hallazgos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela sirvan de prueba ante la Corte Penal Internacional (CPI), y advirtió que no puede «admitirse una vía de acción» sobre ese país que pueda «generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe».
«El Grupo de Lima emitió una declaración en el día de la fecha y Argentina no suscribe esta declaración. No se condice con la posición de nuestro país. Así se lo transmitió esta Cancillería a los países miembros, al tiempo que manifestamos nuestra preocupación sobre las posibles implicancias del pronunciamiento y apelamos a la reflexión», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Para la Cancillería, «en primer término la referida declaración expresa su apoyo a un supuesto mandatario al que la Argentina no reconoce y quien nunca tuvo el ejercicio efectivo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela», en referencia a Juan Guaidó.
La Argentina no comparte las referencias sobre el supuesto vínculo de la crisis en Venezuela con la seguridad y estabilidad de la región y su impacto global», sostuvo la cartera que encabeza Felipe Solá.
Indicó que «en este contexto, preocupa el llamado del Grupo de Lima a una convergencia con actores internacionales para una respuesta común hacia la ‘restauración de la democracia y el Estado de Derecho'».
«Este llamado a una intervención extrarregional, que surge de modo casi abierto del comunicado del día de hoy, no se corresponde con la gravedad de los problemas ni con el tipo de desafíos que enfrenta Venezuela. Mucho menos puede admitirse una vía de acción que pueda generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe», añadió.
Respecto de Venezuela, el Gobierno de Alberto Fernández sostuvo que «comparte con la comunidad internacional la profunda preocupación por la situación de violaciones a los derechos humanos y exhorta al Gobierno venezolano a investigar, juzgar y castigar a los responsables, tal como lo viene haciendo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos», Michelle Bachelet.
Argentina reiteró su «apoyo al valioso trabajo que viene realizando Bachelet dentro de Venezuela desde 2019, mediante el registro de testimonios y denuncias, y cuya actualización fue presentada este año en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Argentina confía en la efectividad de los mecanismos de protección desplegados en ese marco».