Un bloque de legisladores de la oposición formalizó ante la Fiscalía de Delitos Económicos una solicitud para extender el alcance de la causa penal 92/2026, conocida públicamente como el expediente Ueno-Peña.
La iniciativa parlamentaria fue impulsada por los congresistas Yolanda Paredes, Lucía Mendoza y Faisal Huespe, representantes del Partido Cruzada Nacional, según confirmaron fuentes periodísticas a nivel local.
La nueva presentación judicial involucra directamente a Leticia Ocampos, ex primera dama y cónyuge del exmandatario, junto a un amplio grupo de parientes directos y allegados políticos. De acuerdo con los fundamentos del escrito, a estas personas se les atribuye la presunta comisión del delito de frustración de la persecución penal, además de otras figuras punibles conexas, vinculadas a maniobras destinadas a bloquear el acceso a registros financieros y administrativos fundamentales para esclarecer el funcionamiento del conglomerado corporativo investigado.
Los antecedentes del bloqueo documental
El origen de esta acción complementaria se remonta a finales del año anterior, cuando un magistrado federal, Diego Alejandro Torres, resolvió otorgar favorablemente un recurso de amparo constitucional promovido por los propios familiares del ex jefe de Estado. Dicha medida cautelar logró neutralizar temporalmente la obligación del Ministerio de Economía y Finanzas de entregar expedientes y expedientes clasificados como reservados que pertenecían al núcleo familiar.
El listado completo de las personas incluidas en la ampliación de la denuncia comprende a los siguientes vínculos directos y colaterales del exmandatario: Leticia Ocampos; los progenitores de la ex primera dama, Carlos Antonio Ocampos Zelada y María Teresa Villate Garcete, junto a los hermanos de esta última, Carlos y Adriana Ocampos Villate. Asimismo, abarca a los padres de Santiago Peña, Ana Palacios de Peña y José Cayetano Peña Nieto; a su hijo Gonzalo Peña Ocampos en conjunto con su nuera Serenella Argaña Scavone; y a sus hermanos Manuel y Francisco Peña Palacios, acompañados por las respectivas cónyuges de ambos, Claudia Gómez Abente y Rocío Caballero Bosch.
Dentro del petitorio presentado ante el Ministerio Público, los parlamentarios exigieron la implementación urgente de medidas precautorias que garanticen el aseguramiento de la evidencia, tales como el análisis forense de correos electrónicos, la custodia estricta de los antecedentes documentales y la restricción absoluta de salida del territorio nacional o de operaciones financieras para los involucrados.
El entramado societario y la caída de la entidad
Los firmantes del documento remarcaron que la participación accionaria que el propio Santiago Peña mantuvo dentro de la estructura corporativa hasta los primeros meses de 2025 constituye un elemento central para comprender la magnitud de las operaciones financieras. Durante los tres años correspondientes al mandato presidencial, tanto la entidad bancaria como las empresas asociadas al Grupo Vázquez y Ueno Holding experimentaron una expansión patrimonial sin precedentes, apalancada fundamentalmente por la captación intensiva de recursos públicos y fondos previsionales estatales.
En este sentido, la presentación enfatiza que las pesquisas no deben limitarse exclusivamente a las determinaciones adoptadas por los órganos de administración de la institución financiera o por los funcionarios públicos que autorizaron la colocación de dichos capitales. La retención de la documentación oficial solicitada al Ministerio de Economía representaba un obstáculo deliberado para dilucidar las conexiones societarias directas entre el poder político de entonces y el conglomerado privado.
Cabe recordar que la intervención institucional sobre la entidad se precipitó luego de que el Banco Central constatara un déficit crítico de liquidez y solvencia, motivado por el otorgamiento masivo de créditos preferenciales hacia firmas cruzadas del mismo grupo empresarial. Como consecuencia de estos hallazgos, la fiscalía especializada procedió días atrás a imputar formalmente al expresidente por los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, señalando su intervención directa en la permanencia de los fondos públicos dentro del sistema de Ueno Bank.