La jueza Mariel Suárez autorizó los 22 allanamientos efectuados este lunes en Comodoro Rivadavia y efectuó un expreso pedido para que ninguna persona que no tenga función policial, ingrese a las viviendas bajo pena de nulidad. Molesto, el ministro supervisó todo desde la vereda.
El ministro de seguridad de Chubut, estaba acostumbrado -al menos hasta hoy en esta ciudad- a ingresar a cualquier lugar (público o privado) donde toma intervención la policía. Incluso participó en procedimientos de detenciones, cuando esa no es la función de un funcionario político.
Esta vez, el ministro que suele compartir en redes sus entrenamientos con las fuerzas especiales de la Policía del Chubut, tuvo que mirar desde afuera los allanamientos que se realizaron durante las primeras horas de este lunes en el marco de enfrentamientos armados entre bandas antagónicas del barrio Abásolo.
La jueza Suárez, quien autorizó los pedidos fiscales, informó al jefe de la División Policial de Investigaciones (DPI) que quedaba “expresamente prohibido que cualquier persona que NO TENGA FUNCIÓN POLICIAL ingrese a los domicilios BAJO PENA DE NULIDAD (art. 18 y 19 C.N.) lleve adelante el allanamiento y registro domiciliario” de los inmuebles en cuestión.
El ministro tiene su propio equipo de difusión institucional como funcionario provincial y desde temprano publicó imágenes en la red social Twitter, donde llamativamente estaba en la vereda de un inmueble, mientras actuaba el personal policial.
De alguna manera, con esa notificación le marcaron legalmente el terreno al ministro de seguridad porque “no es parte del Ministerio Público Fiscal, ni tampoco tiene estado policial”, apuntaron las fuentes consultadas.
Quienes participaron de los operativos dijeron haberlo visto más que molesto por la contención a la que lo obligó la decisión judicial que debe garantizar “el cumplimiento de todos los recaudos legales y que no se violenten infundadamente las garantías previstas en las Constituciones Nacional y Provincial”, según explica el parte de prensa de la Fiscalía.