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Ministro de Seguridad

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El Secretario General de la Regional Sur de ATECh cuestionó al ministro de Seguridad por su accionar; habló del pedido de juicio político que pesa sobre el funcionario y denunció que cada vez que hay una manifestación algún policía los graba.

“Hay una intencionalidad detrás. Es gente a la que no le gusta cómo llevo las políticas de seguridad. Estamos hablando de Daniel Murphy (secretario general de la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut) y de otros sindicalistas con los que ya tuvimos algún tipo de roces. Me tienen despreocupados esos pedidos. Los legisladores tienen que hacer el análisis. Es un resorte constitucional y que se lleve adelante como tiene que ser”.

Así, el ministro de Seguridad de Chubut, responsabilizó a los dirigentes gremiales por el pedido de juicio político que pesa en su contra, el cual se tratará en los próximos días en la Legislatura provincial.

Murphy cuestionó duramente al funcionario y le recomendó que “se dedique a garantizar la seguridad de la Provincia” y que “no pierda el tiempo haciendo videos”, dijo Murphy en diálogo con El Patagónico.

“Cada vez que estamos en la calle, nos encontramos con que un policía nos está grabando y eso está penado por la ley porque es espionaje. No nos podemos acostumbrar a las ilegalidades. El  cree que puede entrar a un allanamiento y puede pasar a llevarse puestos todos los derechos civiles. No es así; o por lo menos no debería ser así y nosotros no vamos a ser cómplices de eso”, consideró Murphy.

“Nosotros, como muchas otras personas en toda la Provincia, adherimos al pedido de juicio político que está impulsado por algunos abogados que entienden que hay violación de los funcionarios públicos que amerita el juicio político”, subrayó.

En este sentido, el titular de la Regional Sur de ATECh dejó en claro que el pedido de juicio político es intencional. “Lógicamente que es intencional porque yo no firmo algo sin intención de hacerlo. Nadie lo hace. La intencionalidad es que se restablezcan los derechos humanos en Chubut y que se ponga un freno a los abusos que ha cometido este gobierno en la persona del Ministro de Seguridad y que se ha puesto a defender ciertos intereses que son contrarios a los de la mayoría. Esa es la intención que tienen estos juicios políticos”, destacó.

También se refirió a que el funcionario provincial lo mencione solo a él con nombre y apellido. “El tema es que más allá de a quién señale, todo señalamiento que haga el (Ministro de Seguridad) da argumentos para que preguntemos sobre su accionar. Eso fue lo que hicimos cuando estuvo en Comodoro hace pocos días. Lo tuvimos frente a frente y le hicimos preguntas concretas y no contestó absolutamente nada”, criticó.

Fuente: el Comodorense

Esta mañana se produjeron incidentes en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia en el momento en que el ministro de Seguridad,  se encontraba reunido para delinear la investigación por la desaparición de la adolescente Bianca Abigail. Un grupo de trabajadores estatales intentó reunirse con él, ante la negativa, se escuchó un “Massoni sos un cagón. Estamos hartos de este Gobierno que miente permanentemente. El ministro de Seguridad parece salido de una película de acción mala, berreta, de clase B”, sostuvo Daniel Murphy.

Al observar la presencia de trabajadores estatales en la Unidad Regional, el ministro de Seguridad de la Provincia, señaló que “nada que ver que estén presentes los trabajadores estatales”.

Ante estos dichos, el secretario general de la Regional Sur de ATECh, Daniel Murphy, salió al cruce del Ministro de Seguridad: “Usted tienen que rendir cuentas y dar la cara”.

“Massoni sos un cagón”, gritaron los trabajadores indignados.

“Está claro que Massoni no da explicaciones al igual que el Gobernador Arcioni, que ya no sabemos si es su jefe o empleado”, manifestó Murphy.

En este marco, destacó Murphy que “Massoni no está garantizando seguridad, solo garantiza operativos ilegales contra los trabajadores de manera reiterada. Esta persona no debería seguir siendo ministro si no es capaz de garantizar seguridad”.

“Estamos hartos de este Gobierno que miente permanentemente y Massoni parece salido de una película de acción mala, berreta, de clase B”, expresó Murphy.

Finalmente, Murphy concluyó que “Massoni prepotea a los medios de comunicación de forma permanentemente pero cuando queremos hablar con él se escapa. Este es el Gobierno que tenemos y espero que todos los chubutenses nos unamos para luchar contra esta política porque la verdad es que no da para más”.

Fuente: El Comodorense

Parece que el Ministro de Seguridad, no puede contenerse y pese a la advertencia que recibió de una jueza de Comodoro Rivadavia que le prohibió ingresar a domicilios que se están allanando, ayer en Trelew volvió a hacer lo mismo. Y encima en un procedimiento federal con secuestro de drogas.

Trelew (Agencia) Ocurrió en la diligencia que se llevó a cabo en el barrio UOCRA en un domicilio al que la policía consideraba un supuesto kiosco en donde se vendía -presuntamente y según los investigadores- cocaína y marihuana.

Allí llegó el Ministro de Seguridad con su fotógrafo que hace también de filmador, entró a la propiedad mientras la policía estaba en plena diligencia, se hizo sacar unas fotos dentro del domicilio mirando el secuestro que ya se había realizado en ese momento, se fotografió afuera mirando la vivienda y luego se retiró del lugar, casi como satisfecho después de haber cumplido con un show en el que los propios policías aparecen como actores secundarios.

¿Qué va a suceder ahora cuando ese caso llegue al Juzgado del doctor Gustavo Lleral? Por el momento no se sabe, aunque hay varios operadores judiciales de Trelew que especulan que puede llegar a caerse, si algún abogado recurre al precedente que marcó la jueza Mariel Suarez de Comodoro, a principios de esta semana y que incluso reafirmó públicamente en declaraciones que hizo a varios medios de la prensa local en las que sostuvo, entre otras afirmaciones: “No hay que hacer publicidad de la función pública”.

También enfatizó: “Uno es funcionario y está obligado a hacer lo que hace” y remató: “No puedo hacer publicidad de mi actividad, es mi obligación; me pagan para eso, es mi trabajo y lo tengo que hacer lo mejor posible”.

Fuente: Diario Crónica

Ningún funcionario por más importante que sea debe creer que está por encima de la Ley, por el contrario tiene que dar el ejemplo cumpliéndola al pie de la letra. Pero en Chubut un polémico ministro pensaba que podía hacer cualquier cosa y acostumbraba a entrar a las viviendas mientras la policía las allanaba sin tener autorización judicial, hasta que una jueza de Comodoro Rivadavia se lo impidió: le marcó los límites.  

Ahora el fallo de la magistrada sentaría un precedente y por culpa del ministro podrían ser declarados nulos todos los procedimientos en los que él estuvo arrogándose un estado policial que no tiene.

 ¿Qué pasaría si los abogados de esas personas a las que les allanaron las casas empiezan a presentar escritos denunciando la ilegalidad de esas diligencias? 

El ministro de Seguridad debería ser procesado por entorpecer la acción de la Justicia, provocando quizás “la caída” de varias causas penales. ¿Y qué harían los fiscales dirigidos por don “Yolí” Miquelarena?

La verdad que si esto ocurriera, el polémico funcionario –solo, sin que nadie se lo pida—debería dar un paso al costado e irse del Gobierno, además de devolver su matrícula de abogado por haber puesto en evidencia un supino desconocimiento del Derecho y de la Constitución.

 

La jueza Mariel Suárez autorizó los 22 allanamientos efectuados este lunes en Comodoro Rivadavia y efectuó un expreso pedido para que ninguna persona que no tenga función policial, ingrese a las viviendas bajo pena de nulidad. Molesto, el ministro supervisó todo desde la vereda.

El ministro de seguridad de Chubut, estaba acostumbrado -al menos hasta hoy en esta ciudad- a ingresar a cualquier lugar (público o privado) donde toma intervención la policía. Incluso participó en procedimientos de detenciones, cuando esa no es la función de un funcionario político.

Esta vez, el ministro que suele compartir en redes sus entrenamientos con las fuerzas especiales de la Policía del Chubut, tuvo que mirar desde afuera los allanamientos que se realizaron durante las primeras horas de este lunes en el marco de enfrentamientos armados entre bandas antagónicas del barrio Abásolo.

La jueza Suárez, quien autorizó los pedidos fiscales, informó al jefe de la División Policial de Investigaciones (DPI) que quedaba “expresamente prohibido que cualquier persona que NO TENGA FUNCIÓN POLICIAL ingrese a los domicilios BAJO PENA DE NULIDAD (art. 18 y 19 C.N.) lleve adelante el allanamiento y registro domiciliario” de los inmuebles en cuestión.

El ministro tiene su propio equipo de difusión institucional como funcionario provincial y desde temprano publicó imágenes en la red social Twitter, donde llamativamente estaba en la vereda de un inmueble, mientras actuaba el personal policial.

De alguna manera, con esa notificación le marcaron legalmente el terreno al ministro de seguridad porque “no es parte del Ministerio Público Fiscal, ni tampoco tiene estado policial”, apuntaron las fuentes consultadas.

Quienes participaron de los operativos dijeron haberlo visto más que molesto por la contención a la que lo obligó la decisión judicial que debe garantizar “el cumplimiento de todos los recaudos legales y que no se violenten infundadamente las garantías previstas en las Constituciones Nacional y Provincial”, según explica el parte de prensa de la Fiscalía.

El solo hecho de pensar que hay alguien que recibe esa plata en una provincia que les adeuda varios meses de sueldo a los empleados públicos, causa repugnancia e indignación y las redes sociales así lo reflejan.

Algunos cuentas la desopilante historia de este “sacador” de fotos y armador de esos “videítos” que llevan el sello del Ministerio de Seguridad y que por lo general revelan algún delito cometido por la policía o por el titular de esa cartera.

Un usuario hasta publicó una foto de la página del Gobierno provincial en la que aparece lo que cobra Mario Alberto Morante, el único chubutense contento de recibir todos los meses sus 221.396 pesos por ser el fotógrafo exclusivo del ministro de Seguridad.

A Morante se lo recuerda en Comodoro porque aparentemente él y el comisario Silva andaban con otro de los funcionarios controversiales que tiene el Ministerio de Seguridad, Federico Pérez Mariani aquel día en que destruyó un auto del Gobierno, estrellándolo contra el muro divisor de una avenida de la ciudad petrolera presuntamente bajo los efectos de la cocaína.

Cree que es amigo de uno de los denunciados y que está del lado de él. Sospecha que no va a investigar y por eso, según reveló, pidió que se separe del proceso judicial. Esto ocurrió en Comodoro Rivadavia en las últimas horas y quien ha hecho la presentación con intenciones de llevar a juicio al ministro y al jefe de Policía se llama Juan Mansilla y es de la Asociación Civil por los Derechos Constitucionales y el Respeto al Ciudadano.

Mansilla sostiene que ya no se pueden aguantar más los atropellos de quienes desde un cargo público se creen jueces y con licencia para hacer cualquier cosa en desmedro del ciudadano chubutense. Él al dialogar con este portal de noticias los trató de “cuatro de copas”.

“Este fiscal trabaja con el Gobierno, evidentemente”, dijo haciendo referencia al fiscal Héctor Iturrioz ante quien pretendió ampliar la denuncia pero terminó yéndose sin hacerlo y muy enojado.

“Me presenté por una invitación que me hizo el fiscal Iturrioz, del cual ya me habían dicho que era amigo” del funcionario público denunciado, y que “estaba entongado con el Gobierno”, señaló.

“Le dije que quería ampliar la denuncia y salió con que no entendía (lo que decía) el escrito y le expliqué que lo había hecho una abogada que trabaja conmigo al que pretendió desacreditar”, contó Mansilla reseñando momentos de ese desafortunado encuentro con el fiscal que tuvo en las últimas horas.

Más adelante, sospechando quizás que no va a pasar nada con su denuncia indicó que le dijo al fiscal Iturrioz: “Cuando alguien no quiere investigar pueden pasar dos cosas, esta entongado o es un cagón y le pedí que me explicara dónde lo encuadraba: se rió”.

Muy enojado con Iturrioz, por la actitud intimidatoria que dice que tuvo él y un secretario al pretender filmarlo mientras hacía la denuncia, Juan Mansilla recordó que tiempo atrás denunció también a un juez que terminó yéndose de la Justicia. “Esta gente está acostumbrada a atemorizar y conmigo no lo van a lograr; yo pertenezco a una asociación, que es la Asociación Civil por los Derechos Constitucionales y el Respeto al Ciudadano y vamos a hacer la persecución hasta donde tengamos que hacerla”, prometió.

“Yo le pedí abiertamente (al fiscal Iturrioz) que se apartara de la causa”, añadió, “y que si no va a investigar que no investigue, a mí no me importa. Ya estamos acostumbrados a que estos funcionarios se ganen el sueldo sin trabajar”, se quejó Mansilla.

“Hasta cuándo vamos a aceptar el abuso de poder de este ´cuatro de copas´ y de los que están en la Jefatura de Policía, del “Tero” Gómez y su relación con el narcotráfico. ¿Hasta cuándo vamos a admitirlo?”, preguntó muy indignado.

Finalmente dijo que esta gente está cansando a la ciudadanía y que eso podría llevar a que saliera a la calle, pero en un estado de derecho no podemos terminar rompiéndonos la cabeza entre los ciudadanos comunes”, sostuvo, “o pegándole al policía que está cumpliendo con sus funciones. Yo echaría a todos estos policías por no defender su salario, por no defender el pan de sus hijos o a su familia porque ellos no están cobrando y les están cubriendo las espaldas a estos nabos que son unos ´cuatro de copas´ a los que me voy a llevar puesto pero con la Ley en la mano”, aseguró.

Cada semana el ministro de Seguridad, Federico Massoni, se supera a sí mismo, y cual si fuere el trailer de una película de acción hay quien se ocupa de registrar todos sus movimientos para luego editar videos que se publican con el sello del organismo oficial.

Este miércoles, se difundió un video en el que proceden a la detención de una persona, que poco después se supo que estaría muy lejos de ser el ideólogo de la causa que se investiga.

La puesta en escena del Ministro Massoni, provoca risas pero debería generar preocupación, dado que no hay razón para que un funcionario del Ejecutivo participe de una acción judicial en la que se convoca a la Policía para realizar el procedimiento, pero en la que no hay justificativo alguno para la presencia del Ministro.

En tanto, resulta llamativo que se dedique tiempo físico a la edición de videos proselitistas en el contexto de profunda crisis que atraviesa la provincia.

Fuente: El Diario

El Ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, desobedeció a un juez que le prohibió entrar a una cárcel a hacer procedimientos con la policía . Encima, se hizo filmar cometiendo flagrantemente el delito de desobediencia a una orden judicial, agravado por ser funcionario público. El hecho se registró el viernes último cuando el controvertido ministro de Seguridad llegó con más de doscientos efectivos de las fuerzas especiales y la policía convencional a allanar los tres módulos del Instituto Penitenciario Provincial por casos de extorción.

Allí, innecesariamente, por orden de los hermanos Gómez y del propio Massoni, rompieron entre 40 y 50 candados de las celdas donde están alojados los presos y tiraron abajo unas puertas, en lo que se podría considerar como una sucesión de delitos de “daño calificado” por ser la prisión un edificio estatal.

O sea, representantes del Estado rompiendo cosas del Estado injustificadamente. Una verdadera locura y como toda locura, algo difícil de entender. ¿Qué creerían, que los presos se iban a escapar? ¿O que iban a descartarse de los celulares que les terminaron secuestrando?

Después de los daños que ocasionaron, los guardias del Instituto Penitenciario Provincial no tenían cómo ni con qué dejar encerrados a los reclusos.

Ahora, seguramente en los próximos días va a haber una serie de denuncias penales por el accionar de la policía de Massoni. Nadie está cuestionando la diligencia que se realizó con la finalidad de clarificar graves delitos, lo que se pone en tela de juicio es la forma en que se ejecutó.

Según se supo, en una resolución el juez de Ejecución Penal de Puerto Madryn, Daniel Yangüela, a raíz de una presentación de la Defensa Publica, le prohíbe a Massoni intervenir en allanamientos bajo apercibimiento de Ley, y con la posibilidad de que sea denunciado penalmente en el Ministerio Publico Fiscal. Y él lo sabe, pero así y todo incumplió la sentencia del magistrado y se hizo filmar cometiendo el delito.

La prohibición a Massoni, viene de un operativo anterior en la misma cárcel, cuando se denunciaron todo tipo de ilegalidades en un allanamiento que aparentemente estuvo dirigido por él.

En 1936, la Gestapo, la Policía Secreta de la Alemania Nazi, espiaba, perseguía y acusaba a todo aquel que fuera judío o no funcional al Nazismo. Estaban obligados a mentir y tergiversar eventos para que se adecuaran al relato del Partido Nacional Socialista. Ellos a su vez, tenían favores y beneficios que por el solo hecho de pertener a la Gestapo le procede.

La historia de la Gestapo toca tangencialmente al momento actual de la Policía de la Provincia del Chubut.

El último evento sucedido en la Ciudad de Comodoro Rivadavia dónde el mano derecha del Ministro Massoni, el Subsecretario de Seguridad Informatica Federico Perez Mariani destruyo un vehículo oficial en aparente estado de ebriedad, es el corolario para una serie de eventos que poco a poco, pero sostenidamente, han dilapidado la credibilidad y prestigio quien fuera una pretigiosa Institución Policial.

Massoni, con la connivencia de los hermano Gomez, induce a los empleados policiales a mentir u ocultar la verdad para que la imagen de este polémico y payasesco Ministro no se véa más afectada. Bajo presión y amenazas de ser sancionados, trasladados o perseguidos, sumen a los empleados policiales en un régimen de miedo. Aquel que alza la voz en contra de sus mandos superiores, inmediatamente es sancionado. Para ejecutar esta persecución ideológica, el Ministro de Seguridad creo la innecesaria Subsecretaría de Seguridad Informática cuya única función fue crear un equipo que espia y vigila las redes sociales para perseguir a quienes piensan distinto al Gobierno actual. Sobrados testimonios existen dentro de policía de varios empleado que han sido citados por los hermanos Gomez para llamarles la atención e inmediatamente trasladarlos o sancionarlos.

A cambio de su silencio y sumisión, los empleados policiales gozan de beneficios como es el de cobrar primeros que nadie el sueldo, protección cuando comenten alguna falta o ilegalidad y respaldo por parte del mismísimo Gobernador.

A pesar de que el Estado de Sitio que originalmente quiso imponer Federico Massoni finalizó, aún siguen siendo ellos, los policías, quienes tienen el privilegio que otros no tienen. Es verdad que se le adeudan acuerdos como el de la cláusula gatillo, pero a comparación de otros empleados estatales que ni siquera cobran sueldo, eso no es nada.

La Policía de Massoni y los hermano Gomez, protegen y alaban a todo aquel que efectúe su labor con Obediencia Debida, condenando al ostracismo a aquellos que quieren seguir sintiéndose orgullosos de vestir el Uniforme Policial.