Ningún funcionario por más importante que sea debe creer que está por encima de la Ley, por el contrario tiene que dar el ejemplo cumpliéndola al pie de la letra. Pero en Chubut un polémico ministro pensaba que podía hacer cualquier cosa y acostumbraba a entrar a las viviendas mientras la policía las allanaba sin tener autorización judicial, hasta que una jueza de Comodoro Rivadavia se lo impidió: le marcó los límites.
Ahora el fallo de la magistrada sentaría un precedente y por culpa del ministro podrían ser declarados nulos todos los procedimientos en los que él estuvo arrogándose un estado policial que no tiene.
¿Qué pasaría si los abogados de esas personas a las que les allanaron las casas empiezan a presentar escritos denunciando la ilegalidad de esas diligencias?
El ministro de Seguridad debería ser procesado por entorpecer la acción de la Justicia, provocando quizás “la caída” de varias causas penales. ¿Y qué harían los fiscales dirigidos por don “Yolí” Miquelarena?
La verdad que si esto ocurriera, el polémico funcionario –solo, sin que nadie se lo pida—debería dar un paso al costado e irse del Gobierno, además de devolver su matrícula de abogado por haber puesto en evidencia un supino desconocimiento del Derecho y de la Constitución.
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