Desde el 2002, el «No a la Mina» se impuso como ejemplo de la defensa del agua frente al cianuro. Ahora, el gobernador Mariano Arcioni pretende habilitar la explotación en el centro de la meseta patagónica. «Quieren dividir a la provincia. La primera contaminación de las mineras es social», denuncian las asambleas.
El pueblo de Chubut es terco: hace ya 18 años, desde aquella ronda inaugural del 24 de noviembre de 2002 en Esquel, que viene diciendo “No a la Mina”, ese resumen contundente del rechazo al uso de cianuro, al consumo descomunal de agua y al deterioro y contaminación de todos los recursos naturales de la provincia. Indiferentes a esa historia de resistencia, la dirigencia política y las mineras pretenden, una vez más, cambiar la reglamentación vigente y habilitar, al fin, la actividad metalífera a cielo abierto. Confían en que la crisis económica, propiciada por los mismos funcionarios y agravada por la pandemia, quiebre voluntades. Desde las asambleas respondieron con marchas multitudinarias en las principales ciudades y prometieron que, de continuar con el embate minero, “se viene el chubutazo”.
El jueves, con la excusa de presentar el proyecto de zonificación minera a los intendentes, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, agradeció el apoyo del gobierno nacional, con especial dedicatoria al presidente Alberto Fernández, al secretario de minería, Alberto Hensel, y al ministro de la producción, Matías Kulfas. Luego avisó que “no me va a detener 500 o más ruidosos” en referencia al rechazo social que generó su propuesta.
No es la primera vez que el gobierno de Chubut intenta sortear la emblemática Ley provincial 5001 (actualmente denominada Ley XVII – Nº 68), que prohíbe la minería a cielo abierto y la utilización de cianuro. El detalle diferenciador de Arcioni es que se vale de la misma ley para favorecer intereses contrarios.
“La 5001 tiene una trampa –explica Pablo Lada, referente de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh)– porque en el artículo 2° dice que deberá conformarse un Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) en 120 días a partir de la sanción de la ley que va a determinar una zona para la explotación minera. Pero ya pasaron 17 años de la sanción de la ley. Cualquier jurista te va a decir que ese artículo ya perdió eficacia”.
El gobernador argumenta que esa zonificación nunca se hizo y que es momento de reparar la falta, aunque omite un dato: el Poder Ejecutivo jamás tuvo licencia social para ni siquiera proponerlo.
“Siempre hemos dicho que no. En 2014, presentamos una Iniciativa Popular (IP) para prohibir todas las etapas de la minería metalífera (la ley actual prohíbe la explotación, pero no los pasos previos como la exploración) con más 13 mil firmas que la legislatura no trató. Aprobó otro proyecto de manera fraudulenta que cuando volvió Mario Das Neves a la gobernación en 2016 lo tuvo que derogar. En octubre de este año, presentamos la segunda IP con 30.916 firmas que son más del 7% del padrón electoral y las recolectamos en menos de tres meses y en contexto de aislamiento”, se ufana Silvia de los Santos, abogada y participante de la Unión de Asambleas de Chubut y de la Unión de Asambleas de la Patagonia.
“Quieren meter la megaminería ahora –agrega Lada– porque estamos en una crisis fenomenal, hace ya tres meses que no se pagan los sueldos, que los jubilados no cobran y entonces nos dicen que necesitamos dólares que es lo que tiene el lobby minero. Hasta una diputada (por Zulema Andén) dijo que el pueblo está de pie, pero que lamentablemente hay plata para comprar voluntades. Así dividen a la comunidad. La primera contaminación de las mineras es social”.
En coincidencia con la multiplicación de movilizaciones en toda la provincia, el gobierno de Chubut aprobó el “Protocolo para utilización de armas de fuego en situaciones complejas con agresiones con armas blancas”, una resolución que la CORREPI ya emparentó con la “doctrina Chocobar” porque deja a criterio del policía la decisión de disparar ante una posible amenaza.
Zona de sacrificio
En el centro de la provincia, entre la cordillera y el mar, lo que algunos mal llaman “desierto patagónico” y todos reconocen como “la meseta”, está instalada la canadiense Pan American Silver con su proyecto “Navidad”, uno de los más grandes del mundo dedicado a la extracción de plata y plomo. Ahí donde vive poca gente y las posibilidades de trabajo son casi nulas, las promesas de la minera se vuelven para algunos la única esperanza.
“Han comprado y puesto dinero en toda la provincia, se muestran colaboracionistas, hacen beneficencias, si yo hubiera querido me habrían comprado una iglesia nueva, pero todo lo hacen para dominar. ¿Cuánto nos va a dejar una empresa minera? No dejan ni el 3% y nosotros aplaudimos. Quizás tengamos unos trabajos, unos sueldos, pero todo lo demás es un saqueo”, se queja el Padre «Tono» Sánchez, sacerdote salesiano en la misión de la meseta central norte de Chubut.
Sánchez, que llegó a la Patagonia hace más de 30 años, vio como “el trabajo del campo se abandonó” y todo se volvió una “zona de sacrificio”. Igual avisa: “Dicen que toda persona tiene su precio, yo no me incluyo en eso. Somos muchos a los que no nos impusieron nada desde arriba y que preferimos vivir pobres, pero dignos, con libertad. Si hemos vivido hasta ahora así es porque no necesitamos de la minera para salir adelante”.
