Integrantes de las asambleas contra la megaminería presentaron el martes en los tribunales de Esquel una medida autosatisfactiva contra el proyecto de ley, mediante la cual buscan la nulidad de la incorporación del proyecto de zonificación al orden del día en la Legislatura.
La medida autosatisfactiva es una acción urgente, que se presenta en situaciones excepcionales cuando no existe otra vía más ante el peligro en la demora y la irreparabilidad del perjuicio. En este caso, podría ocasionarse «en caso avanzar con la zonificación y entregar parte del territorio chubutense a las apetencias mineras», aseguran.
«Este proyecto nace inconstitucional por antidemocrático, por ideológicamente falso, por clandestino. A partir de ahí no podría darle tratamiento a un proyecto inconstitucional desde su génesis», sostuvo la abogada Silvia De los Santos, quien patrocinó a las asambleas.
La instancia judicial es presentada contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo con el objetivo de que se declare la nulidad de la incorporación del Proyecto de Ley Nº 128/20 remitido por el Poder Ejecutivo al Orden del día el pasado 24 de noviembre en la Legislatura por «flagrante inconstitucionalidad, y todo acto consecuente».
La presentación, que ingresó en el juzgado de la jueza Alicia Arbilla en los Tribunales de Esquel, sostiene que el proyecto del gobierno «es inconstitucional porque rompe con el contrato social implícito generado con los compromisos en campaña, lo que deriva en estafa electoral por atacar de manera directa la forma de estado representativa». Pero, además, lo califica como encubierto porque pretende habilitar una actividad extractiva destructiva con motivaciones falsas, de manera clandestina, es decir, sin consulta pre legislativa previa al mundo indígena, Convenio OIT Nº 169 con jerarquía supralegal» y «sin estudios de impacto ambiental con audiencia pública ni ningún otro tipo de participación ciudadana».
Por ello en la medida judicial señalan que «vivimos en un estado democrático representativo, incluso, con formas de democracia semidirecta como la iniciativa popular. Es deber del Poder Ejecutivo, cuyo titular es el Gobernador, representar la voluntad popular. Y él ciertamente conoce esa voluntad, la conoce mucho antes de asumir en su cargo, como lo indican los hechos públicos y notorios de sus spots y entrevistas de campaña». En clara referencia a la campaña electoral que realizó en el 2017 para lograr una banca en como diputado nacional y que arengaba contra los proyectos mineros.
Más adelante sostiene es un hecho público y notorio que en gran parte de Chubut el acceso al agua potable es escasa, no sólo porque se refiere que no hay agua, sino que hay cortes habituales. Cita el abastecimiento que deben tener algunas escuelas con bidones de agua o bien suspender actividades, así como que las aguadas de abrevadero ganadero se secan. Pero destaca que el propio Estado chubutense declara emergencias agropecuarias «por sequía» y emergencias hídricas, las que son habituales al menos desde 2003. Por ello se pregunta: «¿de dónde proviene el agua que bebemos? Los ríos de Chubut nacen en la Inan Pire, Cordillera de los Andes, y las Cuencas del Río Chubut y la Cuenca del Senguer y de los lagos Musters- Colihue Colhué Huapi se encuentran naturalmente conectadas. La cuenca del Sacanana, acuífero subterráneo, no escapa a esta realidad».
En este contexto destaca que «sólo el proyecto Navidad tiene previsto utilizar 34.000 millones de litros de agua por año, lo que implica utilizar más agua de la que la cuenca permite recuperar, lo que implica secar esta cuenca, contaminar el agua que será almacenada en diques de cola, arrasar todo territorio a su paso con explosivos, actividad extractiva que necesariamente deteriora ecosistemas, la salud y hasta transforma comunidades en pueblos fantasmas. Debe destacarse que no existen estudios hidrogeológicos del sistema de ríos patagónicos de acceso público que digan otra cosa».
Y recuerda además que la cuenca del Sacanana, acuífero subterráneo, es la fuente de los mallines, cuenca geológica cerrada, cuyos aportes de recarga son muy limitados, que forma parte de un sistema ecológico mayor, abierto y más complejo, que involucra también a las personas y la cultura, que da vida hoy a toda a Meseta.
«El uso del agua de un acuífero subterráneo debe estar garantizado por la posibilidad de recarga para asegurar la disponibilidad del agua a través del tiempo y evitar su agotamiento. Como así también, tener en cuenta la vulnerabilidad de los mismos relacionados con una posible contaminación causada por una actividad industrial como la minería a gran escala por los productos químicos de distinta toxicidad utilizados y/o generados a lo largo del proceso extractivo», reseña el escrito.
«Este proyecto apareció de la nada, en la total clandestinidad, no hubo nunca una consulta previa al mundo indígena», señala De los Santos.
En el documento se señala que el gobierno sólo intenta darle tiempo y apoyo a las Empresas, a cualquier precio. En ese sentido, sostiene que «hay tres tipos de contenido en las políticas públicas: a) El contenido explícito: defienden la vida, dicen que nos cuidan. b) El contenido silenciado: lo que no dicen, las asambleas y el Mundo Indígena, no existimos en sus discursos y c) El contenido oculto: lo que en realidad quieren imponer proveniente de las relaciones simbióticas del Estado y las empresas. En efecto. Se apropiaron de nuestra palabra, de nuestro conocimiento, de la ciencia y la técnica, de la tierra, de los ecosistemas, del trabajo. Transforman nuestros suelos y el clima, el aire y el agua, las plantas, nuestra alimentación, transforman a las personas. Irrumpen en nuestros paisajes, en nuestras casas en nuestros cuerpos. Y viceversa. Entran en nuestro cuerpo a través del agua, el suelo, el aire, el alimento contaminadas, fracturan nuestras relaciones, nos dividen, y luego llegan a formar parte del paisaje, sin notarlo. Se naturaliza la destrucción, la violencia. Se invisibiliza la responsabilidad por nuestras muertes», añade el mismo.
Fuente: El Extremo Sur de la Patagonia