Mientras fiscales y jueces continúan mirando para otro lado, los excesos contra la ciudadanía de parte del Estado en la persona del polémico ministro de Seguridad, Massoni, y de los miembros de la plana mayor de la policía continúan, y hasta se podría decir que cada vez –peligrosamente– se van agravando más.
El otro día acudimos a la persecución y demora ilegal de un repartidor en Puerto Madryn, al que le provocaron lesiones en una pierna haciéndolo caer de la moto porque –según manifestó el policía que practicó el abusivo procedimiento– Massoni se lo había ordenado y ahora, ha trascendido que el cuestionado funcionario también ha interrogado a personas detenidas –cosa que está totalmente prohibido por la Ley—y que ha sido fotografiado en Madryn revisando bolsos o mochilas en operativos callejeros que él mismo organiza, violando supinamente la Constitución y –obviamente—el Código Penal.
Esto último se supo hace unos días por una editorial que un periodista de aquella localidad realizó, cuestionando sensatamente las verdaderas “razias” que se hicieron en Madryn cuando mataron a una chiquita de 14 años y los días posteriores, quizás tratando de amortiguar de esa manera la indignación popular que causó el crimen y el reclamo permanente por la inseguridad que hace la población madrynense.
A Massoni hay que recordarle que “los interrogatorios” a detenidos o implicados en algún delito se deben hacer delante de un juez y con el abogado defensor del implicado presente. Lo contrario es ilegal y sería volver a prácticas de épocas negras de la Argentina, cuando “los milicos” en los 70 torturaban e interrogaban a presos para sacarles una confesión.
Si Massoni anda interrogando demorados o detenidos a disposición de la Justicia, entra a propiedades privadas sin autorización de un juez y encima tiene el tupé de revisarle a cualquier transeúnte el bolso o la mochila y nadie de las autoridades que deben intervenir hacen algo para pararlo; estamos realmente perdidos.