Es el Decreto que suspende medidas judiciales que ordenen al Gobierno a pagar sueldos adeudados. El diputado Pagliaroni remarcó que la Legislatura tiene 30 días para tratarlo y que si no se trata, deja de tener vigencia. Por otra parte, remarcó que el trasfondo es el atraso salarial que se debe a “malas decisiones, principalmente a compromisos del 2019 que todos sabían que no se iban a poder cumplir”.
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