El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos produjo el observatorio Transition Minerals Tracker, que monitorea las políticas y prácticas de derechos humanos de las corporaciones que extraen seis materias primas fundamentales para la transición hacia la energía limpia: cobalto, cobre, litio, manganeso, níquel y zinc. Se prevé que la extracción de estos seis minerales -componentes básicos para producir tecnologías de energía renovable, como vehículos eléctricos y paneles solares- aumente drásticamente con la demanda creciente de esta tecnología. Sin embargo, muchas de las corporaciones que producen estos minerales han recibido múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos.
Se investigaron las prácticas de 103 empresas entre 2010 y 2020 y dicho estudio relevó 276 denuncias de abusos de derechos humanos. Si bien aproximadamente la mitad (49) de estas empresas cuentan con una política de derechos humanos, las denuncias indican una importante desvinculación entre las políticas y la práctica.
El monitoreo, que se confeccionó sobre la base de noticias en medios de comunicación y sobre denuncias realizadas formalmente, determinó que casi la mitad (45 %) de las denuncias se refieren a los impactos que sufren las comunidades, incluyendo la intimidación y ataques contra personas, organizaciones de la sociedad civil y sus líderes. Los impactos van desde repercusiones sobre los medios de vida, desplazamiento forzado y protestas, hasta acusaciones de silenciar las voces críticas mediante amenazas e intimidación.
Entre las 256 denuncias, se consignan 125 de impacto comunitario, 119 de impacto ambiental, 68 de gobernanza y transparencia, 67 de impacto en los trabajadores, 36 de seguridad y zonas de conflicto y 12 vinculadas a la pandemia de Covid. Mientras que 18 empresas acumulan el 80% de las denuncias registradas, el resto se distribuye entre los seis minerales y todas las regiones geográficas, lo que sugiere que los abusos son un fenómeno muy extendido en el sector.
Comunidades afectadas
Según los datos recabados, la mayoría de las denuncias implican impactos y ataques a las comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y sus líderes (125 denuncias). Los hallazgos indican que más de un tercio (36 por ciento) de todos los ataques a defensores y defensoras de derechos humanos están vinculados con el sector extractivo.
“En 33 casos (uno de cada ocho, o el 12 por ciento) las comunidades respondieron a través de protestas, marchas, huelgas o bloqueos contra la mina, lo que indica el alto nivel de frustración dentro de las comunidades”, interpreta el monitoreo. “La consulta y el consentimiento de la comunidad son esenciales para garantizar que los proyectos de energía renovable que permiten la transición energética urgente para abordar la crisis climática beneficien a la población mundial y local”, afirma. Sin embargo, el estudio muestra que uno de cada ocho abusos de derechos humanos registrados en el campo de los minerales de transición supone una comunidad protestando.
“La falta de consentimiento afecta negativamente a las comunidades indígenas, que están en la primera línea tanto de la crisis climática como del abuso por parte de empresas extractivas y de energías renovables. Una de cada diez (10 por ciento) denuncias registradas se relaciona con los derechos indígenas”, advierte el Tracker.
Contaminación del agua
“Las acusaciones de impacto ambiental continúan siendo una fuente importante de abuso entre las empresas que producen minerales de transición”, señala el monitoreo. El primer análisis global, de agosto de 2019, encontró que los impactos ambientales, el acceso al agua y los impactos en la salud fueron las tres principales acusaciones registradas. En 2021, esos mismos tipos de abuso son los más habituales. Casi nueve de cada diez (89 por ciento) de las acusaciones ambientales están relacionadas con derechos hídricos.
“La minería consume mucha agua. La desigualdad de poder deja a las comunidades con fuentes de agua y tierras de cultivo secas”, señalan desde el observatorio. La contaminación del agua representa una quinta parte (22 por ciento) de todas las denuncias, y el acceso al agua representa una de cada seis denuncias (17 por ciento). Juntos, más de un tercio (38 por ciento) de las denuncias registradas están relacionadas con el agua. Además, 17 de 38 denuncias relacionadas con impactos en la salud también significaron denuncias relacionadas con el acceso o la contaminación del agua.
Por otra parte, una cuarta parte, 68 de las 276 denuncias, se relacionan con la gobernabilidad y la transparencia. Casi la mitad de ellos son denuncias de corrupción, incluidos pagos a gobiernos, tráficos de influencias, lobby y mala gestión de fondos. Otras 28 son denuncias de evasión fiscal, que incluyen el impago de fondos a la comunidad como requieren las leyes o los contratos de explotación minera.
Advertencia
“La necesidad de una descarbonización es urgente. Sin embargo, las denuncias registradas en Transition Minerals Tracker muestran que los abusos de derechos humanos en la cadena de suministro para la producción de tecnologías de energía renovable podrían comprometerla”, advierte el estudio realizado. “Si introducimos medidas para ponerle fin a esos daños, podemos garantizar un futuro en que se logre no solo una emisión de carbono, sino en el que todas las personas se beneficien de un sector sostenible y respetuoso de los derechos”, alientan.
“Este rastreador busca mejorar las prácticas de derechos humanos de las empresas que producen los minerales vitales para los sectores de energía renovable y vehículos eléctricos, al arrojar luz sobre los riesgos clave de derechos humanos en las geografías donde operan, y las políticas y prácticas de derechos humanos del empresas más importantes de este subsector”, apuntaron en el informe.
Fuente: Agencia Tierra Viva
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