El gobierno nacional avanzó en medidas para abordar las problemáticas de las familias en situación de mayor vulnerabilidad que enfrentan procesos de desalojos en el marco del contexto de pandemia.
En ese marco, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que conduce Jorge Ferraresi, implementó medidas destinadas para la plena aplicación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.
El protocolo tiene el objetivo de abordar la problemática de las personas, familias o grupos convivientes que alquilan y enfrentan procesos de mediación y/o judiciales de desalojo como consecuencia de las dificultades económicas para atravesar la pandemia.
El secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, mantuvo una reunión con representantes del Consejo Nacional de la Vivienda (CNV), en la que se definieron los criterios para la implementación del cupo que poseen las unidades ejecutoras con el fin de disponer de unidades para aquellos hogares que requieran soluciones habitacionales en el marco del protocolo.
Tras el encuentro, el presidente del Consejo Nacional de la Vivienda, Augusto Du Bois Goitia, afirmó que «estamos dispuestos a apoyar y acompañar la implementación del protocolo para dar soluciones a las familias más vulnerables”.
Asimismo, en la reciente apertura de inscripción para desarrollo urbanísticos de Procrear se estableció también que una cantidad de las viviendas sorteadas sea destinada a inquilinos.
Firma de convenios
A su vez, Scatolini puso en marcha la firma de convenios de cooperación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), como organismos clave para la sistematización de información relacionada con los procesos alcanzados por el protocolo.
En este contexto, la AFIP habilitó para los inquilinos la declaración voluntaria de los contratos en el Registro de Locaciones de Inmuebles Alquileres (RELI), incluyendo aquellos firmados previo a la sanción de Ley de Alquileres en 2020.
En el marco de los diálogos con el Poder Judicial, el funcionario mantuvo asimismo una reunión con la jueza Marcela Pérez Pardo, presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para establecer mecanismos de cooperación a partir de la información de los procesos de desalojo que se tramitan a través del organismo.
En diálogo con Télam Radio, Scatolini se refirió al convenio que los ministerios de Desarrollo Territorial y Hábitat, y de Justicia y Derechos Humanos suscribieron ayer para evitar desalojos a través de una mediación previa obligatoria entre locadores y locatarios.
La asistencia a inquilinos bajo esta modalidad «permite introducir el criterio de la mediación previa obligatoria en distintas etapas de conflictos que pueden existir entre locadores y locatarios», explicó.
Sostuvo que «es un hecho muy novedoso que permite poder resguardar a la parte más vulnerable en esta relación, que es quien alquila, y que por estas circunstancias vinculadas con la pandemia muchas veces se ve en una situación muy exigida para poder sostener su condición».
Las secretarias a cargo desarrollarán distintas instancias de articulación e intercambios de información, así como trabajo conjunto en la ejecución de políticas públicas, asistencia a la ciudadanía, campañas de difusión de derechos y otras acciones que contribuyan a la efectiva implementación del protocolo.
«Este trabajo conjunto marca el compromiso del Gobierno con las necesidades habitacionales más urgentes y permite coordinar acciones estratégicas entre dos ministerios comprometidos con el derecho a la vivienda», subrayó Scatolini.