El Gobernador de Chubut envió a la Legislatura la propuesta de dos varones y una mujer pidiendo a la Legislatura que se les conceda acuerdo Legislativo para ser designados como jueces y jueza del Superior Tribunal de Justicia. No voy a entrar a considerar que se está proponiendo sólo una mujer para un cuerpo colegiado de seis miembros, que en 63 años de existencia sólo hubo varones. Mucho menos me detendré a considerar si las personas señaladas están a la altura de los muy importantes cargos a ejercer. Sobre lo que pretendo llamar la atención es que se hayan salteado pasos fundamentales y legalmente necesarios para poder realizar esta propuesta.
En 2016 y luego de una lucha en la que participaron diferentes organizaciones y personas, se sancionó la ley V-152 que reglamenta la facultad del Ejecutivo para proponer a miembras/os del Superior Tribunal de Justicia. La idoneidad, la transparencia y la participación ciudadana son la clave de esta reglamentación, siguiendo el ejemplo que a nivel nacional significó el decreto 222/2003 dictado por el presidente Néstor Kirchner.
El primer paso para cubrir estas vacantes es la publicación en el Boletín Oficial (2 días) y diarios de circulación provincial (3 días) el nombre y los antecedentes de las personas propuestas (art. 5 de la ley V-152).
Luego de esto, las personas propuestas deberán presentar una serie de certificados, informes y antecedentes que formarán parte de los elementos a tomar en cuenta. (art. 6)
Dentro de los quince días (15 días) de que se terminen de publicar en los diarios y Boletín Oficial los nombres y antecedentes curriculares de las personas postulantes, «los ciudadanos en general , las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos» podrán presentar ante el Ministerio de Gobierno «por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones, y circunstancias que consideren de interés expresar en relación de los incluidos en el proceso de preselección». (art. 7) También podrá requerirse la opinión a otras entidades (art. 8).
Dentro de los quince días de terminado este plazo de opiniones del art. 7 de la ley, el Gobernador decidirá: «haciendo mérito de las razones que abonaron la decisión tomada, el Poder Ejecutivo Provincial, dispondrá sobre la elevación o no de la propuesta respectiva. En caso de decisión Positiva, se enviará con lo actuado a la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, el nombramiento respectivo a los fines del acuerdo.» (art. 9).
Luego el trámite sigue en la Legislatura, donde se prevé una audiencia en la que las personas que hayan superado todo este procedimiento basado en la transparencia y la participación ciudadana respondan preguntas y consultas de la Legislatura.
Personalmente no tengo conocimiento que haya existido ninguna de las etapas y requisitos previstos desde los arts. 5 a 9 de la ley V-152, si estoy equivocado y ya se cumplió, ruego a quien pueda hacerlo que me rectifique.
Por lo tanto, entiendo que la parte más importante del proceso de selección previsto por la ley V-152, aquella en que el pueblo conoce los antecedentes y opina -a favor o en contra- y las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, académicas y profesionales participan de la decisión con sus planteos, es exactamente la que hoy conocimos que pretende saltearse.
El «olvido» de una conquista tan importante en materia de participación popular en la selección de los más altos cargos judiciales, es una muy mala señal para la ciudadanía que considero no podemos ni debemos dejar pasar.
El Tribunal Superior de Justicia es el último guardián provincial para la protección de los derechos de quienes habitamos Chubut y tendrá palabras definitorias en reclamos ambientales, sociales, sindicales, de derechos humanos. Como militante político, llamo la atención al Gobierno para que se deje sin efecto esta grave violación legal en un tema tan importante para todes. Como docente de derecho constitucional, me siento obligado a defender lo mismo que enseñamos en las clases: que vale la pena luchar por la Democracia y que se respeten nuestros derechos.