La CGT acude a la Justicia para frenar la reforma laboral de Milei.
Este lunes, la Confederación General del Trabajo (CGT) trasladó su reclamo a las calles y los tribunales, exigiendo que la recientemente aprobada reforma laboral sea declarada inconstitucional. La cúpula de la central obrera se movilizó hacia la calle Talcahuano para formalizar recursos en los fueros Laboral y Contencioso Administrativo, argumentando que la normativa, que obtuvo sanción definitiva el pasado viernes en el Senado, atenta contra pilares fundamentales de la Carta Magna argentina.
El planteo judicial frente a la «modernización» laboral
La central obrera formalizó su planteo mediante escritos ingresados en sede judicial, buscando detener una norma que consideran un retroceso histórico. Según TN, la CGT presentó ante la Justicia un recurso para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de reforma laboral, la cual aún no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo. Al respecto, Jorge Sola (Seguros), cosecretario general de la entidad, afirmó: “Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”.
Sola estuvo acompañado por los dirigentes Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), quienes encabezaron la presentación. La CGT fundamenta su rechazo en la violación del artículo 14 bis y de principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Pacto de San José de Costa Rica. Según el comunicado oficial de la central, la denominada «modernización» vulnera el principio de Progresividad o No Regresión, impidiendo medidas que supongan un retroceso en derechos ya adquiridos.
Los puntos críticos: despidos, jornadas y desfinanciamiento
El documento judicial advierte que la norma afecta derechos clave como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga y la libre agremiación. La conducción sindical cuestionó severamente que la normativa permita jornadas de hasta 12 horas y elimine el pago de horas extras, lo que derivaría en una reducción salarial directa. Asimismo, objetaron la eliminación de sanciones para empleadores que no realizaron aportes y la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para pagar indemnizaciones en cuotas.
Para la CGT, este esquema implica que los trabajadores costeen sus propios despidos, desfinanciando la seguridad social. En términos de empleo, denunciaron que en los primeros dos años de gestión de Javier Milei se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo. Octavio Argüello cruzó los datos oficiales del mandatario: “Es una locura total… se han perdido 270.000 puestos de trabajo. El discurso ante la Asamblea Legislativa fue un show y no explicó cómo creará empleo”.
Resistencia frente a un modelo de exclusión
Cristian Jerónimo señaló que diversos sectores empiezan a cuestionar el apoyo inicial al Gobierno, dado que la ley no muestra beneficios para los trabajadores. La central vinculó la reforma con un escenario crítico de cierre de Pymes, caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo. “La CGT asume su responsabilidad histórica resistiendo esta reforma regresiva y perniciosa”, concluyó el texto. Ahora, la mirada queda puesta en la Justicia, que deberá decidir si los cambios propuestos respetan o no el orden constitucional argentino.
