Por: Luis Dupuy
El IPV Chubut, se creó hace 47 años y se convirtió desde hace un tiempo, en un ente donde existen miles de actos de corrupción.
El gobernador Arcioni es cómplice de los corruptos y los protege.
Traba el acceso a informaciones y hace que otras se entreguen solo parcialmente.
El Escribano mejor que muchos conoce que en Chubut hay una Ley que manda investigar al IPV, que no se cumple, la Ley XXV – 56.
Arcioni, presidió la sesión en la que se sancionó esa Ley, el 7 de julio de 2016.
El Gdor. Arcioni fue quién la promulgó, estando a cargo del Poder Ejecutivo por enfermedad de Das Neves.
Arcioni también presidió la sesión el día 25 de agosto de 2016 cuando se designaron los siete Diputados que debían controlar al IPV, y nunca lo hicieron. Terminaron su mandato y se fueron sin haber empezado a investigar.
El gobernador Mariano Ezequiel Arcioni sabe, mejor que nadie, porqué la Comisión creada por Ley XXV – 56 nunca fue de cumplimiento efectivo.
Tampoco desconoce que la Cámara de Diputados pidió el Fichero de Obras del IPV, el 13 de septiembre de 2018, y que ese Pedido de Informe fue contestado solo parcialmente y fuera de tiempo, recién el 16 de mayo de 2019.
Al intentar comprender porqué no se entregaba la documentación pedida, únicamente cabía pensar que el gobernador es cómplice por acción y omisión al cubrir muchos de los miles de actos de corrupción que desde hace años existen en el IPV Chubut, y el documento incompleto enviado a Diputados, así lo constató.
Arcioni sabe que el Contador Daniel Molina, un prestigioso vecino de Comodoro Rivadavia, afirma que hay viviendas del IPV por las que se paga 500 pesos de cuota, o menos, si es que las pagan, y son alquiladas en 10.000 pesos o más.
Arcioni no puede ignorar que el propio Mario Das Neves dijo el 7 de junio de 2017: «acá ha habido gente, durante años, que recibió dos y tres viviendas FO.NA.VI., y ahora las alquila».
Arcioni conoce que se estima que son unas 15.000 las casas y departamentos que estarían en ésta situación irregular en toda la provincia, y no ordenó una investigación que permita identificar estos casos.
Arcioni no desconoce que miles de las solo 10.297 viviendas que figuran en el último informe del IPV, fueron entregadas por tráfico de influencias a personas, muchas incluso de mal vivir, y que ahora ni siquiera pagan las cuotas al IPV Chubut.
Arcioni no quiere que se conozca el Fichero de Obras del IPV, actualizado, para que no se pueda constatar cuántas obras se hicieron, qué cantidad en cada pueblo y ciudad, y qué gremios y otras entidades intermedias fueron las más beneficiadas, y si por «casualidad» algunas de esas empresas son las que ahora están involucradas en las causas derivadas del «sobre bomba».
Arcioni no hace publicar las auditorias anuales al IPV en el Boletín Oficial, tal lo manda la Ley XXV N° 5 en su Art. 29, e impide que el PUEBLO las pueda conocer.
Arcioni, es cómplice de la corrupción en el IPV Chubut, sin lugar a duda alguna.