A través de un documento enviado a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, los jueces penales de esa circunscripción, advierten sobre las implicancias de la exposición pública que ha tenido la presunta inconducta de la jueza Mariel Suárez, y se niegan a integrar tribunal con la magistrada en cuestión. Desde la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA), cuestionan la medida adoptada por los magistrados al advertir que se vulneran garantías constitucionales.
El argumento de los jueces de Comodoro se basa en que tras el escándalo mediático que devino en una investigación a la jueza Suárez, resulta necesario, “renovar la confianza pública y el honorable servicio” de Justicia, “dado el inicio de un sumario administrativo por el Superior Tribunal de Justicia y la existencia de dos denuncias ante el Consejo de la Magistratura”.
En ese contexto, los magistrados pusieron en conocimiento de la Oficina Judicial que, “no integraremos ningún tribunal” con la jueza Suárez, “hasta tanto su situación procesal sea definida”.
Sabedores de las diferencias de criterio que pueden surgir como resultado de esta decisión, los jueces penales de Comodoro afirman que su preocupación, “se centra en la protección del regular desenvolvimiento de los procesos, la validez de las resoluciones que puedan recaer y por sobre todo la credibilidad de las decisiones de los tribunales colegiados que integraremos”, indicaron.
Vulneración de garantías
La respuesta de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA), quienes han apoyado a la jueza Suárez desde que se hizo pública la investigación por presunta inconducta, emitieron una comunicación en la que rechazan el pedido de los jueces penales de Comodoro Rivadavia, “toda vez que se trata de una evidente vulneración de las garantías constitucionales que ese cuerpo bajo pretexto de respectar la ley, han avasallado”.
Desde AMPA sostienen que han sido “los propios magistrados quienes han puesto en riesgo el principio de inocencia”, ratificando su apoyo a la jueza Mariel Suárez, en el entendimiento de que ésta ha sido víctima de “persecución y hostigamiento”.
