“Estoy de acuerdo en asumir los hechos ilegales y reconozco todo lo actuado por el Fiscal”. Palabras más, palabras menos, así se expresó cada uno ante la jueza Karina Breckle. Se trata de Daniel Schdmith y Jorge Santucho, dos de los imputados en la causa del Ministerio de Educación, junto a la ex ministra Graciela Cigudoza, entre otros imputados.
“Que se tenga la posibilidad de llegar a un acuerdo en juicio abreviado, significa que hemos llegado a la verdad y la certeza de que los hechos ilegales ocurrieron tal como los investigamos. Esto es lo que quiero destacar, para que no quede latente, que se llegó a esta medida con ligereza”, dijo el fiscal general Omar Rodríguez, luego de hacer un repaso de la contundencia de las pruebas logradas a lo largo del proceso. Entre ellas citó detalles del momento en que Shmith intentó hacer desaparecer documentación en la tarde en que se allanó su oficina en Rawson. La policía pudo rescatarla parte en la rejilla del baño, y otra parte al levantar la cámara séptica.
En los papeles parcialmente destruidos, además de manera manuscrita, el imputado había descripto la estrategia a seguir ante la inminencia de los allanamientos y las detenciones. Esposado, fue trasladado a una dependencia policial y estuvo detenido un mes.
JUICIO ABREVIADO
El reconocimiento de los hechos ilegales por los que fueron investigados, es una de las condiciones para que puedan someterse a la aplicación del llamado “juicio abreviado”. De esta manera se evita que sean sometidos al Juicio Oral y Público, con la posibilidad de penas de prisión de efectivo cumplimiento. Con estos dos imputados, suman ya tres de las personas investigadas en esta causa que reconocen los hechos ilegales que cometieron.
Fue en la audiencia preliminar realizada este miércoles en la Oficina Judicial de Rawson. En la audiencia se expusieron los términos del acuerdo entre acusadores y defensores para que Schmith y Santucho sean sometidos a la llamada “suspensión del juicio a prueba” que implica que los imputados reconozcan haber producido el ilícito por el que fueron investigados. Se acordó además penas menores a la que podría producirse en caso de ser sometidos a juicio oral.
Ambos también ofrecieron reparar económicamente al Estado las suma total de 400.000 pesos (divido en mitades iguales cada uno), más los intereses de la fecha de los ilícitos (principios del año 2019) que serían destinados al Ministerio de Educación o a alguna entidad de bien público.
Para el primero además la pena de dos años y seis meses de ejecución condicional y para Santucho, dos años también de ejecución condicional.
FALSA COMPULSA
La maniobra investigada consistió en un aparente trámite de concursos de precios, en donde aparecían pujando distintos proveedores, los cuales concretaban ofertas para que en definitiva el Estado eligiera a la empresa que iba a ejecutar la obra en función del mejor precio.
Según los fiscales, detrás de este velo de aparente legalidad, se escondía la verdadera intención de los nombrados, que era quedarse con las obras simulando una falsa competencia, toda vez que los nombrados tenían estrechas relaciones entre ellos. El objeto del trámite fue el mantenimiento y reparación de 24 escuelas por un monto cercano al millón y medio de pesos al año 2019 en que se habrían producido los ilícitos.
Ambos están imputados por el delito de defraudación a la administración pública en la modalidad de delito continuado en carácter de autores. A mediados de la próxima semana, la jueza Breckle dará a conocer si acepta o no el acuerdo entre los investigadores y los imputados.
