“Néstor y Cristina Kirchner instalaron una de las matrices más extraordinarias de corrupción”, fue lo primero que dijo el fiscal Diego Luciani cuando inició hace dos semanas los alegatos en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez.
Su planteo anticipó lo que ocurrirá este lunes cuando concluyan las audiencias del Ministerio Público Fiscal: un pedido de condena en duros términos contra la vicepresidenta señalada como jefa de una asociación ilícita, responsable de la defraudación al Estado en perjuicio de la administración pública y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. De todos esos delitos, encuentran responsable a Cristina Kirchner.
Los alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se desarrollaron durante nueve jornadas, la última será este lunes desde las 8.30, ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Después de analizar la conducta penal de todos los imputados, el Ministerio Público Fiscal realizará su pedido de condena.
El mismo se sustenta en los argumentos expuestos durante todas las audiencias, donde se analizaron los 51 contratos viales que ganó el Grupo Austral por $ 46.000 millones. Hay dos números que desentrañó la fiscalía al respecto: el patrimonio de Báez creció entre 2004 y 2015 un 12.000%, y el de Austral Construcciones su firma insignia, un 46.000%. Dos datos rodean esas exorbitantes cifras: la empresa tuvo como único cliente al Estado, más específicamente a las tres presidencias kirchneristas, y mientras crecía como empresario de la construcción celebró veinte acuerdos comerciales con los ex presidentes desde el ámbito privado.
“Estamos convencidos que los hechos ocurrieron tal y como los explicamos. Fueron doce años de arbitrariedades, de un apartamiento sistemático de las leyes. Realizaron acciones corruptas, ilegales durante años, instalaron un sistema coordinado y sistemático de corrupción”, dijo en su anteúltima audiencia el fiscal Luciani.
Se remarcó un concepto durante las audiencias, el de una “corrupción estatal” y bajo ese concepto, el fiscal entendió que corresponde aplicar la figura de asociación ilícita.
Para argumentar lo que será el pedido de condena por dicho delito, Luciani dijo que “cuando existen acuerdos espurios entre empresarios y funcionarios a lo largo del tiempo, con el consecuente saqueo a las arcas del Estado, es posible encuadrar las maniobras investigadas bajo la figura de la asociación ilícita”. La pena máxima para tal acusación es de diez años y para quienes son señalados como jefes asciende a quince años.
La fiscalía ya adelantó hacia dónde irá su pedido de condena, sin especificar cuál será la cantidad de años que pedirá, ya que son tres los delitos analizados en este caso. En caso de concursarse, se suma la pena máxima de cada uno, pero como explicaron fuentes judiciales a Clarín «no es una mera suma matemática, las condenas se componen, se analizan los grados de responsabilidad, el rol de cada imputado».
A Cristina Kirchner el fiscal Luciani le adjudicó la mayor responsabilidad en la denominada “organización criminal dedicada a la comisión de delitos”, al comprender que “nada se podría haber operado y llevarse a cabo sin la orden y decisión de sus máximas autoridades”.
Fue más categórico en cuanto a la vicepresidenta: “La jefa de esta asociación fue Cristina Fernández que desde la cúspide del poder intervino junto a Néstor Kirchner y crearon la estructura criminal para sustraer fondos a favor del amigo constructor, y en una etapa posterior para apoderarse de una porción de los mismos (en relación a las causas por lavado de dinero)”.
Durante la instancia de alegatos se detalló la estructura “montada desde el Estado para favorecer al mismo grupo económico”. La fiscalía habló de licitaciones amañadas, de cartelización de la obra pública en Santa Cruz, de un “claro direccionamiento” de los contratos adjudicados a Báez. También sobre procesos licitatorios «simulados» ya que en muchos de ellos sólo competían empresas del Grupo Báez.
También se hizo referencia a la falta de control por parte de todos los organismos intervinientes, “que debían velar por la correcta administración de los fondos públicos” y en cuanto a la obra pública, denunció que se “creó un canal exclusivo de pagos millonarios al Grupo sin que las obras se hagan, se autorizaron modificaciones de costos y plazos de obras injustificados, se pagaron cuantiosos sobreprecios”.
Todo devino en el segundo delito atribuido a Cristina Kirchner: el de la defraudación al Estado en perjuicio de la administración pública, cuya pena máxima es de seis años. Fue el fiscal Mola el que dijo que la decisión de invertir sostenidamente en el tiempo fondos en Santa Cruz,”estuvo acompañada por la decisión de apoderarse de manera ilegal de parte de esos fondos”.
Las maniobras analizadas durante nueve audiencias y que concluirán con el pedido de condena, dan cuenta para la fiscalía de que todo lo actuado por los imputados «generó un enorme perjuicio a las arcas públicas mientras Cristina Fernández garantizó un constante flujo de dinero ilegal a favor de Báez”.