Es por el caso de Santiago Goodman. «Si la persona condenada no esta conforme con la decisión, goza del derecho de apelación ante otros Tribunales», sostiene el comunicado oficial.
La Asociación Civil de la Magistratura y Funcionariado Judicial rechazó las expresiones «agraviantes» contra las magistradas que han intervenido como fiscal general y jueza, María Tolomei, del caso Santiago Goodman.
«El Poder Judicial tiene la responsabilidad de investigar las conductas delictivas, incluidas aquellas que se cometan durante una protesta, sin que ello signifique criminalizar o judicializar el reclamo gremial o social. Si la persona condenada no esta conforme con la decisión, goza del derecho de apelación ante otros Tribunales», dice el comunicado.