El fiscal Diego Luciani denunció al diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner a raíz de una derivación de las pruebas que se conocieron en el juicio que condenó a la Vicepresidenta de la Nación por fraude en la obra pública.
En la presentación de 171 páginas, a la que tuvo acceso Noticias Argentinas, el fiscal que también pidió condenar a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa de Vialidad, solicitó que se investiguen a los empresarios Nicolás Caputo, Jorge «Corcho» Rodríguez, a ex funcionarios del Banco Nación y al presidente de la Cámara de la Construcción de ese momento, Carlos Wagner. En todos los casos por derivaciones e irregularidades que surgieron de la causa conocida como de la obra pública o vialidad.
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En dicho proceso, en el que Cristina Kirchner recibió la pena de seis años de prisión, se conoció que su hijo Máximo Kirchner le enviaba mensajes al entonces secretario de Obras Públicas, José López dando órdenes sobre las licitaciones en marcha, aunque sin que aquel en ese momento detentara cargo alguno.
Una de las irregularidades detectadas se da en la licitación por la construcción del hospital Materno Infantil de Río Gallegos, sobre el cual estaba supervisando el secretario de la entonces presidenta, Mariano Cabral y el ahora ministro Eduardo “Wado” De Pedro.
Fue en ese contexto que José López le envió un mensaje a su segundo Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas sobre que debían “sacar urgente” la licitación. “Tan urgente era que hasta debían sacarla ‘sin estudio de suelo’, puesto que López había hablado con la presidenta [Kirchner] –“La Pta”[dice el chat]– y le había dicho que licitaban en 15 días”, señala la denuncia de Luciani quien dijo que eso da muestras del entramado irregular de cómo se manejaban las licitaciones.
Respecto a Máximo Kirchner, Luciani denunció que de las conversaciones con López, quedó al descubierto la licitación por la pavimentación de 100 cuadras en Río Gallegos y donde la obra “se adjudicó ilegalmente” el 22 de diciembre de 2014 a Kank y Costilla SA –empresa del Grupo Báez.
Luciani recordó que no se pudo calificar la obra por los defectos que tenía el trámite, que el pliego de Kank fue descalificado y “si se caía la licitación, ya no iban a poder hacerla porque estaba trascurriendo el último año del período presidencial de Cristina Fernández”.
“Detrás del verdadero armado de la licitación, estuvo Máximo Carlos Kirchner, junto a su asesor de confianza, el diputado santacruceño José Matías Bezi. Lo llamativo –e inadmisible– es que estas personas, que se encargaron de llevar adelante esta licitación absolutamente amañada y direccionada, no revestían, en ese momento, cargo alguno que les concediera facultades vinculadas a las obras públicas viales nacionales, provinciales o municipales”, remarcó el fiscal.
En el juicio, no estaba siendo juzgado Máximo Kirchner por eso la denuncia que ahora hace el fiscal que se va a sortear en la Cámara federal y quedará en poder de un juez federal que podría emprender eventualmente una nueva investigación sobre ello.