El Tribunal de Enjuiciamiento consideró que el Consejo de la Magistratura tramitó el proceso fuera de los plazos previstos por la ley.
Este miércoles 30 de agosto, el Tribunal de Enjuiciamiento de Chubut resolvió archivar el juicio de destitución que se impulsaba en contra del fiscal Fernando Rivarola, de Rawson.
El fiscal de la provincia afrontaba procesos por presunto mal desempeño, pero el Tribunal consideró que el plazo de 6 meses para hacer la investigación y el sumario, por parte del Consejo de la Magistratura, se había vencido antes de que los sumariantes entregaran sus conclusiones.
El planteo respecto del vencimiento de los plazos fue presentado por el defensor oficial Jorge Benesperi, quien representó al fiscal Rivarola en el proceso, mientras que la mayoría de los integrantes del Tribunal estuvo de acuerdo con ese criterio, con dos disidencias.
A partir de esta decisión, que no es apelable, quedarán sin resolución las dos acusaciones que pesaban contra Rivarola. Una de ellas cuestionaba su accionar en un caso de tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, en la que fue descubierto un ex médico del Poder Judicial, pero que el fiscal demoró en denunciar ante sus superiores. Esa denuncia fue impulsada por Miriam Vázquez, de la Red de Acción contra la Trata de Personas.
La segunda acusación había sido presentada por la fiscal Florencia Gómez, quien trabajaba bajo dependencia jerárquica de Rivarola, a quien acusó por actos de violencia de género en el contexto laboral.
Según la resolución del tribunal, a la que ADNSUR tuvo acceso, está corroborado que, si bien ambas denuncias ingresaron en octubre y noviembre del año 2021, al momento de concluir el sumario y resolverse la elevación para el juicio de destitución (proceso conocido como ‘jury’) había transcurrido más de un año. La ley que regía en ese momento daba un máximo de 6 meses de plazo, desde la recepción de la denuncia hasta la conclusión del sumario.
La resolución también tuvo en cuenta un planteo anterior de la defensa, que había intentado anular el proceso, bajo el argumento de que los dos sumariantes que investigaron previamente a Rivarola, habían concluido que no se justificaba iniciar el proceso de destitución del cargo, sino que sugerían una sanción menor.