Una medida esperada, pero que se queda a mitad de camino. Así podría definirse la decisión de la Justicia mendocina de prohibir el uso de celulares en las cárceles para evitar estafas telefónicas y diversos delitos de bandas criminales desde los penales.
De esta manera, tras dejar sin efecto los alcances de un DNU presidencial de la época de pandemia, que permitía las comunicaciones entre los internos y sus familiares, comenzarán a quitarles los aparatos a más de 4000 presos, de manera progresiva, dentro de los próximos 6 meses, notificándoles con un plazo de 30 días para que entreguen voluntariamente su teléfono. En tanto, la medida no correrá para las mujeres privadas de la libertad, ya que el 80% son madres con hijos a cargo, indica la resolución.
Sin embargo, la iniciativa tendrá sus dificultades para concretar el objetivo de seguridad: no se ha realizado la inversión en tecnología para bloquear la señal de los dispositivos móviles. Por tal motivo, los expertos consultados por LA NACIÓN consideran que, mientras se esperan acciones concretas en infraestructura digital, se deberán extremar los controles internos, ya que habrá reos que conseguirán los aparatos para seguir operando sin problemas desde las penitenciarías. Hasta ahora, en Argentina existe una sola experiencia de bloqueo de señal en una cárcel de Santa Fe, con internos de alto perfil vinculados al narcotráfico.
Además, entre las disposiciones del dictamen judicial se estableció que solo podrán quitarse los aparatos en aquellos pabellones donde exista el servicio de telefonía pública. Vale aclarar, en este aspecto, que desde el confinamiento por Covid-19 se retiraron los teléfonos públicos, por lo que se deberá volver a instalar, de acuerdo con la ley vigente, ese tipo de comunicación oral, que podría ser ahora inalámbrica. De ahí, el plazo de 6 meses para que el Servicio Penitenciario Provincial deje en condiciones esa área de contacto, más allá del régimen de visitas.
“En cuanto al control operativo, hay una situación fáctica: es muy difícil, salvo que se instalen inhibidores de señal, inhibidores que técnicamente también son de difícil aplicación. En la provincia desde el 2008 hay una norma que prohíbe los usos de celulares y obliga a instalar equipos de inhibición, desde ese momento hasta esta fecha nunca se ha podido, por una cuestión presupuestaria y técnica. No hay inhibidores de señal en la provincia, en ningún complejo”, expresó Sebastián Sarmiento, juez de Ejecución Penal, a cargo del dictamen.
Sobre este punto irresuelto por parte del Ejecutivo mendocino, hay varias explicaciones, principalmente por la impermeabilidad de las estructuras o la cercanía de sitios urbanos, que se verían afectados. Por tal motivo, se espera que, al menos, se realicen acciones concretas en áreas carcelarias de alto riesgo. Por caso, en las últimas horas, el gobernador Alfredo Cornejo, aseguró que se está avanzando en ese sentido. “Estamos trabajando en el bloqueo de teléfonos móviles en algunos pabellones. Estamos en periodo de prueba en algunas cosas, creo que va a funcionar bien y que va a bajar el delito con teléfonos un poco, pero no se producen los delitos con teléfonos solo de la penitenciaría, sino de otros lugares, de casas particulares, etcétera. Estamos trabajando en eso y esperamos en el año tener avances sustantivos”, indicó el mandatario.
De todas maneras, desde la Justicia mendocina consideran que se debe dar un debate a fondo para evitar que la medida de prohibición del uso de celulares en los penales quede en saco roto. “Lo que planteo es que hay que dar una discusión seria. Entiendo que la norma debe ser estudiada seriamente porque en la práctica muchas veces el acceso de esos teléfonos provoca hechos de corrupción, tráfico, otras cuestiones constantes, quizás muchas veces más perjudiciales que la que se intenta resolver”, agregó el juez Sarmiento.
La resolución del magistrado se conoció este martes, tras rechazar los pedidos de los defensores oficiales sobre la posibilidad de prorrogar nuevamente la autorización para el uso de celular en las cárceles. La última extensión, ante de tomar la decisión, se había dado el año pasado, con vencimiento el 31 de diciembre. Es más, las solicitudes de ampliación del beneficio, aludían además al reciente DNU 70/23, que contempla una nueva declaración de emergencia, en este caso general, que incluía también la emergencia sanitaria. “Resolví no hacer lugar a este planteo entendiendo que ya no existía una situación de pandemia ni riesgo epidemiológico y por ende se tenía que restablecer en el régimen y entendiendo además que esta situación se tiene que discutir en el ámbito adecuado que es la Legislatura”, indicó el juez.
En cuanto al permiso para que las mujeres puedan continuar con el beneficio, desde la Justicia mendocina indicaron que se trata de una situación diferente, con particularidades que se deben atender en pos del vínculo de la madre detenido y sus hijos menores de edad. “La situación de la mujer detenida debe ser llevado por un abordaje diferenciado, por la situación de vulnerabilidad, porque el 80% de las mujeres detenidas son madres, muchas de ellas a cargo de sus hijos menores, hijos que muchas veces quedan en situación de desamparo”, indicó Sarmiento, y añadió: “No los pueden llevar a los días de visita, por lo cual pierden contacto absoluto y por eso entendemos que era apropiado mantener esa situación hasta que se lleve adelante una reglamentación adecuada respecto de la situación de las madres, los espacios destinados a sus hijos y metodología con vínculos para garantizar esta situación particular”, completó.