El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y sus homólogos Sergio Ziliotto de La Pampa, Rolando Figueroa de Neuquén, Alberto Weretilneck de Río Negro y Gustavo Melella de Tierra del Fuego se reunieron este jueves para establecer las prioridades de una agenda regional común de cara a la relación con el Gobierno nacional y para intervenir en el debate parlamentario.
En este contexto, emitieron un comunicado conjunto en el cual solicitaron la modificación de «los más de 30 artículos» que en el Proyecto de Ley ómnibus girado por el Gobierno al Congreso «ponen al Poder Ejecutivo Nacional como autoridad de aplicación de la legislación hidrocarburífera en nuestro país».
A través de una declaración conjunta, observaron aspectos del capítulo 9 sobre Energía del proyecto de Ley que «necesariamente tienen que ser revisados teniendo en cuenta que, de acuerdo a la normativa vigente, si bien el diseño de las políticas energéticas a nivel federal continúa siendo responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional, son las provincias quienes detentan el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos en sus territorios».
«Como nosotros no somos una isla en la Nación, tampoco nos queremos convertir en una colonia de la cual se continúen extrayendo recursos naturales baratos a cambio de una pobre compensación», destaca el documento firmado por los mandatarios.
Y subraya: «Las provincias patagónicas abastecemos de energía a la República a precios que han representado un verdadero sacrificio para nuestros habitantes a lo largo de la historia, y lo hemos hecho con alto sentido patriótico».
La declaración también busca poner un límite a la modificación que habilita al Ejecutivo a fijar la política nacional hidrocarburífera para «maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país».
«Creemos que dicho objetivo debe ser cumplido asegurando no solo la sustentabilidad economía de los inversores, sino también la sustentabilidad social y ambiental de las poblaciones y las regiones donde se desarrolla esta actividad», puntualiza el texto.
Asimismo, hace hincapié en la «necesidad imperiosa» del «concurso del gobierno nacional y del sector privado para llevar adelante las obras de infraestructura necesarias para acompañar el crecimiento poblacional, el cual muchas veces suele ser exponencial».
Entre otros puntos, la declaración también pide modificar artículos vinculados a las causales de caducidad de las concesiones o permisos; los que determinan los montos de los Cánones de Exploración y Explotación; y el que delega en el Poder Ejecutivo Nacional la facultad de incrementar las alícuotas de los derechos de exportación.
Vale señalar que si bien en el encuentro no estuvo presente el gobernador de la vecina provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, se informó que acompaña y participa del diálogo del bloque regional.
«Defenderemos incansablemente los derechos de nuestras provincias, con ánimo constructivo, con el objetivo de contribuir al engrandecimiento de la República», afirmaron los mandatarios. A continuación, destacaron varios puntos fundamentales en su posición:
Marco jurídico para la industria hidrocarburífera: Los gobernadores respaldan las modificaciones que contribuyan a establecer un marco jurídico para la industria hidrocarburífera que fomente el empleo y la actividad económica en la región, generando riqueza para los habitantes de la Patagonia y de todo el país.
Incentivo a inversiones y producción: Se mostraron a favor de iniciativas que impulsen inversiones para aumentar la producción de petróleo y gas, fortaleciendo la seguridad energética nacional y las exportaciones.
No a la extracción de recursos baratos: Rechazaron convertirse en una colonia de la cual se extraen recursos naturales a cambio de una compensación insuficiente, señalando la importancia de obtener un justo beneficio por el suministro de energía a la República.
Inconstitucionalidad de artículos del proyecto de Ley: Solicitaron la modificación de más de 30 artículos que designan al Poder Ejecutivo Nacional como autoridad de aplicación de la legislación hidrocarburífera, argumentando que esto contradice la Constitución Nacional y la Ley 26.197.
Sustentabilidad económica, social y ambiental: Exigieron que los objetivos de maximizar la renta de la explotación de recursos consideren también la sustentabilidad económica, social y ambiental de las poblaciones y regiones afectadas.
Causales de caducidad de concesiones: Se manifestaron en contra de la eliminación de la causal de caducidad relacionada con el incumplimiento de obligaciones, solicitando su inclusión para garantizar el compromiso de los concesionarios.
Actualización de cánones de exploración y explotación: Pidieron la modificación de los artículos 57 y 58 de la Ley 17319 para ajustar los montos de los Cánones de Exploración y Explotación según el valor internacional del petróleo.
Derechos de exportación: Rechazaron la delegación al Poder Ejecutivo Nacional para incrementar los derechos de exportación de hidrocarburos, proponiendo que el monto máximo no supere el 8% actualmente vigente.
Régimen de incentivo para grandes inversiones: Destacaron la necesidad de adecuar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGE) para no descartar proyectos de explotación hidrocarburífera.
Los gobernadores concluyeron reafirmando su compromiso con el diálogo y la búsqueda de soluciones que beneficien a la Patagonia y a toda la Nación.
