En las elecciones de Panamá, el discurso antimigración gana protagonismo, con propuestas de «cerrar» la selva del Darién, la frontera natural con Colombia. Mientras algunos candidatos respaldan esta idea, otros la consideran irreal y enfatizan la importancia de combatir el tráfico de personas y apoyar a los países de origen. Líderes como José Raúl Mulino abogan por cerrar el Darién y repatriar a los migrantes, pero expertos y activistas expresan preocupación por esta postura, considerando que cerrar una frontera como el Darién es humanamente imposible.
José Raúl Mulino, antiguo ministro de Seguridad Pública y líder en las encuestas, declara su intención de cerrar el Darién y solicitar apoyo a países como Colombia y Estados Unidos. Argumenta que Panamá no es un país de tránsito y que muchos migrantes son víctimas de trata. Sin embargo, la viabilidad de cerrar los 266 kilómetros de selva fronteriza plantea interrogantes. Al respecto, Mulino bromea diciendo que podría pedir la ayuda de Donald Trump para construir un muro.
Por otro lado, la candidata independiente Zulay Rodríguez también aboga por cerrar la frontera, pero cuenta con pocas posibilidades de éxito. Rodríguez muestra una postura antimigración y expresa opiniones negativas hacia la comunidad venezolana, que representa la mayoría de los migrantes que cruzan el Darién.
Ante estas propuestas, el abogado internacionalista y activista de derechos humanos Iván Chanis expresa su indignación. Considera que toda persona tiene derecho a cambiar de residencia y movilidad, y critica el enfoque de tratar a los migrantes como criminales. Chanis señala que esta postura es preocupante y refleja un cambio negativo en la política pública de Panamá.
En la región del Darién, el flujo migratorio continúa sin cesar. Bajo Chiquito es el primer poblado al que llegan los migrantes después de días de caminata por la selva. Las autoridades panameñas llevan a cabo un estricto control y registran los datos personales de los recién llegados. En 2023, se registró un número histórico de 520.000 migrantes, y este año es posible que se supere esa cifra.
Además, los casos de crímenes aumentan. En el lado colombiano, el Clan del Golfo controla el flujo migratorio y obtiene grandes ganancias por las tasas que cobra a los migrantes. Por otro lado, en el lado panameño, pequeñas bandas generan temor y cometen robos. Se denuncian casos de violencia sexual, y organizaciones como Médicos Sin Fronteras brindan asistencia a las víctimas.