El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela validó este 22 de agosto la reelección del presidente Nicolás Maduro, pese a que casi un mes después de las elecciones las autoridades siguen sin mostrar las actas que demuestren su victoria.
«Convalida esta Sala Electoral los resultados de la elección presidencial del 28 emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE)», señaló ante altas autoridades del Estado y representantes diplomáticos la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, quien lideró el peritaje judicial del resultado.
Sin embargo, la corte, al igual que otros órganos del poder, se encuentra controlado por magistrados afines al chavismo. De hecho, la ONU ya había advertido que, tanto el Supremo, como el Consejo Nacional Electoral que dio la victoria a Maduro, con el 51,95% de los votos de los votos, carecen de independencia e imparcialidad.
La sentencia, con la que concluye de manera «inequívoca e irrestricta» la revisión de las elecciones, como lo describió la presidenta del Supremo, se produce 22 días después de que el propio Maduro solicitara este proceso, a través de un recurso de amparo que nunca se conoció y por el que fueron convocados al Tribunal los 10 excandidatos presidenciales.
Durante la lectura de la sentencia, que fue realizada frente a autoridades del estado y representantes diplomáticos, Rodríguez aseguró que el fallo había sido resultado de “un proceso de peritaje” que permitió contrastar los boletines comunicados por el CNE con las “actas de escrutinio emitidas por cada máquina», en referencia al sistema automatizado de votación.
Sin embargo, el órgano judicial integrado por magistrados afines al Gobierno de Maduro, no hizo alusión alguna en su sentencia al incumplimiento de normas previstas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), como los plazos y esquemas para la publicación de los resultados discriminados por mesa y centro electoral.
TSJ: las actas publicadas por la oposición son «falsas»
Rodríguez aseguró que la decisión, que es inapelable, se basó en un informe elaborado por expertos “altamente calificados e idóneos”, aunque las credenciales de estos nunca fueron dadas a conocer.
La magistrada también apuntó que las actas de escrutinio publicadas en línea por la oposición, según las cuales el candidato Edmundo González Urrutia se habría adjudicado la victoria con 67% de los votos, en 83% del total de actas recopiladas por sus testigos, eran «falsas».
Además, la funcionaria reveló que el candidato opositor se expone a sanciones, que no especificó, por su negativa a asistir a la lectura de la sentencia.
Desde los pasados comicios y las protestas antigubernamentales que le siguieron, el Gobierno venezolano ha llevado a cabo lo que la oposición, los grupos de derechos humanos y los sindicatos señalan como represión y ofensiva contra quienes piensen distinto.
Las acciones han incluido arrestos de figuras de la oposición y manifestantes, una investigación a líderes de la oposición por supuestamente incitar a los militares a cometer delitos, la aprobación de una ley que endurece las normas sobre las ONG y renuncias forzadas de empleados estatales que supuestamente apoyan opiniones a favor de la oposición.