El Gobierno ya tiene lista la tan discutida reforma laboral que pretende implementar esta semana.
Esta reforma introduce un sistema de despidos conocido como «fondo de cese laboral» que elimina las indemnizaciones como las conocimos. Ahora se especificó además que el Gobierno permitirá la participación de aseguradoras en la gestión de los aportes que las empresas realicen para financiar las indemnizaciones de sus empleados.
La reforma forma parte de un paquete más amplio que el Ejecutivo ha estado desarrollando desde la aprobación de la Ley de Bases en julio, que incluyó la reforma del Estado, el régimen de inversiones RIGI y las privatizaciones. No obstante, el apartado laboral ha sido el más complejo de destrabar, principalmente debido a temas como el despido por bloqueo, la figura del trabajador independiente con hasta tres empleados a cargo y, por supuesto, el fondo de despidos.
El principal objetivo del nuevo sistema de cesantías es avanzar en la flexibilización laboral, permitiendo que empresas y trabajadores puedan «diseñar el sistema que quieran», según explicó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
En paralelo, el Gobierno busca transferir capitales en el mercado mediante la creación de un nuevo nicho de inversión para aseguradoras y entidades financieras, que podrían utilizar estos fondos de cese laboral e invertir en acciones, bonos y pequeñas y medianas empresas.
Este nuevo sistema se inspira en el esquema utilizado por el gremio de la construcción (UOCRA), en el cual las indemnizaciones, dada la naturaleza volátil de la actividad, se gestionan mediante un fondo al que los empleadores aportan mensualmente. En el caso de adoptarse esta modalidad, cada convenio colectivo debería acordar los detalles específicos con los sindicatos. Los empleadores realizarían aportes mensuales basados en la remuneración, y podrían elegir un sistema privado de capitalización para cubrir el costo de la indemnización en caso de despido.
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Un funcionario del Gobierno explicó que el sistema ofrecerá diferentes alternativas: desde una especie de seguro en el que se hace un aporte más bajo y se paga la indemnización al momento del despido, hasta sistemas más complejos como seguros de retiro que formarían parte del esquema indemnizatorio o sistemas de capitalización individual regulados por el Banco Central.
Las últimas modificaciones a la propuesta surgieron tras reuniones entre el sector empresarial y diferentes áreas del Gobierno, incluidas la Secretaría de Trabajo y los Ministerios de Desregulación y de Economía. La semana pasada, en un almuerzo con el secretario de Finanzas Pablo Quirno, los directivos de la Cámara de Compañías de Seguros de Retiro y Vida manifestaron su interés en implementar este sistema, similar al modelo chileno, en el que los empleadores depositan un porcentaje del salario en una especie de «caja de ahorro» que los trabajadores podrían retirar en caso de despido o renuncia.
La actual Ley de Contrato de Trabajo establece una indemnización equivalente a un salario por año de antigüedad, pero con esta reforma, las empresas aportarían de manera anticipada para cubrir las indemnizaciones de todos sus empleados.