El tribunal de alzada aceptó un pedido de la querella y anuló un fallo del juez Casanello que había dictado el sobreseimiento. Y dispuso realizar nuevas medidas de pruebas en la causa en que Lázaro Báez fue condenado a 10 años de prisión.
La Cámara Federal porteña reabrió este martes la investigación sobre el rol de Cristina Kirchner en la causa de la Ruta del Dinero K, al aceptar una apelación de la querella al polémico dictamen del fiscal Guillermo Marijuan que pidió el sobreseimiento de la ex presidenta.
La decisión fue tomada con los votos de los jueces de la sala I de ese tribunal de alzada, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. El tercer camarista Eduardo Farah votó en minoría a favor de la decisión del juez sebastián Casanello de rechazar de plano una apelación de la asociación civil Bases, que es querellante en la causa, contra el sobreseimiento pedido por Marijuan.
Además, la Cámara Federal no hizo lugar al pedido de Cristina Kirchner de apartar al juez Casanello del caso donde el socio de la ex presidenta, Lázaro Báez, fue condenado a 10 años de prisión por el lavado de 55 millones de dólares.
¿Que opino llorens?
En una resolución a la que accedió Clarín, Llorens recordó que en su momento “indiqué que el fiscal había efectuado un análisis sesgado y una evaluación parcial de elementos aislados del proceso, sin que meritara de manera conglobada una serie de elementos colectados en otras actuaciones, como aquellas pruebas que surgieron del alegato de su par en la causa conocida como Vialidad”.
Llorens consideró las pruebas que muestran la sociedad entre Cristina y Báez como “las declaraciones de los imputados colaboradores (entre ellos Leonardo Fariña y Víctor Manzanares), el testamento de Lázaro Baez, las escrituras secuestradas en la escribanía de Ricardo Albornoz”, entre otros. Fariña y el ex contador de los Kirchner se convirtieron en arrepentidos en la causa.
Recordó que en la causa Vialidad, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola acusaron a los Kirchner y a los Báez por el direccionamiento de obras públicas por 3.500 millones de dólares lo que “llevó a que ambos fueran condenados por actividades ilícitas vinculadas con la defraudación en perjuicio de la administración pública”.
A su vez, el fiscal Luciani resumió esos vínculos comerciales de esta forma, citó Llorens:
-1) El inmueble que entregó Cristina Fernández, representada por su hijo Máximo Kirchner, a la empresa “Austral Construcciones S.A.” de Lázaro Báez.
2) El bien entregado en concepto de dación de pago de la obra efectuada en la Quinta 10 A de El Calafate.
3) La venta de diez propiedades que el matrimonio Kirchner hizo a la sociedad citada en el punto primero de esta enumeración.
4) La construcción gratuita del mausoleo funerario de Néstor Kirchner por parte de Báez.
5) Los 372 contactos telefónicos entablados entre los nombrados.
Estas afirmaciones de Luciani “que por cierto denotan una contundencia significativa -casi definitiva- respecto de la propiedad de los fondos ilícitos que generó el matrimonio Kirchner y que intentó ocultar toda la ingeniería montada por Lázaro Báez e hijos, sumadas a los elementos recabados en el marco de las presentes actuaciones, fueron luego relativizadas sobre la base de medidas que no gozaban de la misma contundencia que las ponderadas en un inicio”, recordó Llorens.
Luego Llorens destacó que el fiscal Marijuan no explicó en el pedido de sobreseimiento por qué “descarta los dichos de los testigos colaboradores en esas causas (como Fariña, Manzanares, entre otros) que colocaron a Lázaro Antonio Báez como dueño absoluto de las decisiones del Grupo conformado, respecto de la propiedad compartida (o exclusiva) de la masa de fondos ilícitos que le habrían generado Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”.
En este sentido, “el Fiscal no analizó la secuencia de expatriación de dinero por intermedio de la financiera Provalor cuyo dinero “físico” nunca salió del país, y que retornaba de las cuentas en el extranjero para hacer frente a los pagos de los hoteles» de los Kirchner.
En ese entramado, «nunca se detuvo a analizar qué función tuvieron dentro de ese esquema Osvaldo Sanfelice, Raúl Copetti y Máximo Kirchner, entre otros” que son socios en una inmobiliaria, entre otros emprendimientos.
Llorens votó por “revocar la decisión del juez de grado que rechazó “in limine” el planteo formulado por la querella y declarar la nulidad del dictamen fiscal que solicitó el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en las presentes actuaciones (arts. 69, 123 y c.c. del Código Procesal Penal de la Nación)”. Con algunas diferencias, Bertuzzi apoyó el voto de su colega Llorens.
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En mayo del año pasado, Cristina Kirchner fue sobreseída por el juez Casanello en la causa de la Ruta del Dinero K a del fiscal Marijuan, quien cambio de posición en estos años. Además, el sobreseimiento había sido fue convalidado por dos organismos del gobierno, la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF), manejados por el gobierno de Alberto Fernández.
Al considerar que no había elementos suficientes para sostener la imputación por lavado de dinero contra la vicepresidenta, el juez Casanello firmó su sobreseimiento dejándola afuera de la investigación que se centró en la maniobra del blanqueo de 55 millones de dólares, y que tuvo como principal acusado (condenado a diez años de prisión) a Lázaro Báez.
En la resolución a la que accedió Clarín, el magistrado sostuvo: «Frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer -acompañada por el resto de las agencias estatales-, la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición».
Al ampliar esta explicación, Casanello remarcó que como juez su acción «no puede ir más allá de la pretensión requerida por la acusación ni suplir la misión punitiva del Estado», es decir, entiende que tras el planteo del fiscal Marijuan no había más alternativa que sobreseer a Cristina Kirchner.
Marijuan había sostenido que no contaba con los elementos necesarios «para determinar y establecer su posible coautoría (de Cristina Kirchner) o participación en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero» que encabezó Báez.
El requerimiento del fiscal se formuló después de recibir el informe confeccionado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo), que arrojó 372 comunicaciones entre Báez y el entorno de Cristina Kirchner.
¿De donde salen estos datos?
Además de la reunión de Lázaro y la entonces presidenta a finales del 2010 en la Quinta de Olivos, donde el empresario, «al ser interrogado por la entonces presidenta, niega y oculta la expatriación ilegal de capitales que para ese entonces venía realizando» que había sido detectada por el gobierno de Estados Unidos.
Ese dato había surgido de la confesión de Leonardo Fariña como imputado colaborador. Según sus relato, en el marco de esa charla «Báez le manifestó que venía de hablar con la jefa, que es Cristina Kirchner y que le había preguntado si él estaba sacando dinero al exterior porque desde la embajada de Estados Unidos le habían comunicado eso».
«A lo cual, él me dice que le responde que de ninguna manera, pero me dice que seamos más prudentes con los movimientos», recordó el ex financista de Báez. Al menos la visita a Olivos del contratista y socio de Cristina fue probada.
Con el eje puesto en ese diálogo, y tras considerar agotadas las medidas de prueba, el fiscal dio un cierre a la investigación abierta hace diez años «para dilucidar si la ex mandataria había participado de las operaciones de lavado de dinero atribuidas en esta causa a Lázaro Báez y su entorno». Antes del 2013, Marijuan había promovido la investigación de Cristina en esta causa.
Frente a la solicitud del fiscal, fueron consultadas las dos querellas -UIF y AFIP.- Ambas agencias compartieron el criterio de la fiscalía y como resultado final, Casanello firmó el sobreseimiento poniendo punto final a la inclusión de Cristina Kirchner en el expediente.