Edmundo González Urrutia abandonó Venezuela con un salvoconducto concedido “en aras de la tranquilidad y paz política”, y después de pasar “varios días” refugiado en la Embajada de España, país que le dará asilo, informó el sábado a vicepresidenta ejecutiva de ese país, Delcy Rodríguez.
“El día de hoy, 7 de septiembre, ha partido del país el ciudadano opositor Edmundo González Urrutia, quien habiéndose refugiado voluntariamente en la embajada del Reino de España en Caracas desde hace varios días, solicitó ante ese gobierno la tramitación de asilo político”, escribió la funcionaria en su cuenta de Instagram.
Rodríguez explicó que los Gobiernos de Venezuela y España mantuvieron los “contactos pertinentes” y, “en apego a la legalidad internacional”, se le concedió al opositor el salvoconducto correspondiente para poder abandonar la sede diplomática y viajar hacia el país europeo.
”Esta conducta reafirma el respeto por el derecho que ha primado en la actuación de la República Bolivariana de Venezuela en la comunidad internacional”, resaltó la vicepresidenta, que aseguró que en las próximas horas se brindará más información sobre el asunto.
El canciller español José Manuel Albares ratificó que “Edmundo González, a solicitud suya, vuela hacia España en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas”. “El Gobierno de España está comprometido con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos”, indicó a través de un posteo en la red social X (ex Twitter).
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, había asegurado que el antichavista, que lleva varias semanas “bajo resguardo”, estaba “escondido” en una casa de una zona acomodada de Caracas, y estaba preparando su salida del país hacia Miami.
Después de las elecciones del 28 de julio, en las que el ente electoral otorgó la victoria a Maduro, se desató una fuerte crisis política, ya que la oposición asegura que fue González Urrutia quien ganó, una afirmación que respaldó con las copias del “83,5 % de las actas electorales” que, asegura la PUD, fueron recolectadas por miembros y testigos de mesa, documentos que el Ejecutivo afirma que son “falsos”.
