Orden de captura Ortega. La Justicia argentina ordenó la captura internacional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con fines de extradición por violaciones a los derechos humanos. La resolución también alcanza a la vicepresidenta, Rosario María Zambrana Murillo, y otros 16 imputados para ser indagados en Argentina.
En el escrito de 76 páginas, el juez Ariel Lijo pide la captura del mandatario y del resto de los acusados para ser indagados por «graves violaciones contra los derechos humanos que se le atribuyen».
Según la prueba reunida en el expediente abierto en agosto por la denuncia de los abogados Diego Pirota y Darío Richarte, se trata de violaciones a los derechos humanos «en las cuales habrían tenido participación altas autoridades de la República de Nicaragua».
Ariel Lijo explicó el pedido de captura de Daniel Ortega
El juez Lijo explicó a través de un escrito los fundamentos para ordenar su captura y remarcó que hubo un «plan estratégico de represión desplegado en Nicaragua involucró a todos los estamentos del poder político y judicial del Estado».
Además, advirtió que «las solicitudes de cooperación internacional libradas por este tribunal no fueron respondidas».
En la causa se documentaron persecuciones por motivos religiosos, a comunidades aborígenes, detenciones de periodistas.
A la hora de detallar la acusación, el magistrado sostuvo que se imputará «haber llevado a cabo un plan sistemático y generalizado de violenta represión contra la población civil de la República de Nicaragua, cuyo objeto era la disuasión de manifestaciones sociales y la persecución de los sectores políticos disidentes».
En ese sentido, consideró que para llevar a cabo este plan «se valieron de la estructura del aparato estatal, amparándose en los roles institucionales que tenía cada uno de los intervinientes».
En el marco de este plan «se realizaron encarcelamientos arbitrarios, asesinatos, actos de tortura, desaparición forzada de personas, traslado forzado de la población, deportaciones, censura mediática, privación de atención médica, supresión de matrículas profesionales habilitantes, persecución por motivos políticos y religiosos, cancelación de la personería jurídica y quita de la nacionalidad».
Por último, Lijo reiteró que se montó un «plan generalizado y sistemático» que fue «estructurado en distintas etapas, en cuyo marco de suscitaron las conductas señaladas» y que empezó entre abril y junio de 2018, con la represión de diversas protestas sociales en Nicaragua.