El enfrentamiento abierto de Milei con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, utilizando a la inseguridad como caballito de batalla, reavivó el interés de la Casa Rosada y el tema pasó a ser de máxima prioridad para el comienzo del año parlamentario.
Si bien el aspecto más resonante de la reforma gira en torno de la edad de imputabilidad, la reforma del régimen penal juvenil no se agota allí sino que también se discute qué tipo de delitos deberían ser punibles para los menores que cometan los ilícitos, qué penas de prisión se aplican, qué otros castigos alternativos se contemplan y qué medidas de resocialización se deberían especificar en la normativa para evitar que una vez que cumplan con la condena se reinserten a la delincuencia.
El proyecto del Gobierno propone un abanico de sanciones alternativas como amonestaciones, prohibiciones de contacto o acercamiento a la víctima, prohibición de salir del país o del lugar de residencia, prohibición de conducir vehículos, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad, entre otras medidas.
Para la resocialización, el régimen penal de minoridad incluye programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos cuando sea necesario.
Además, se propone la creación de la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al joven infractor en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad.
El proyecto establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua, siendo el máximo de prisión 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
También permite revisar la pena cuando se hayan cumplido los dos tercios de la condena, para que el resto de la pena se pueda cumplir en su domicilio. Además de la cárcel y el domicilio, el proyecto propone otros lugares para el cumplimiento de la pena como un instituto abierto o un instituto especializado de detención de menores.
En declaraciones recientes a Radio Splendid AM 990, Rodríguez Machado consideró que la iniciativa que se discute «establece, de acuerdo con el ilícito, una serie de situaciones alternativas no solo para evitar que siga cometiendo delitos sino para evitar que los jóvenes ingresen a la espiral delictiva».
«La modificación del Régimen Penal Juvenil es mucho más que cambiar la edad de la imputabilidad», aclaró la diputada del PRO, que destacó que en el debate participarán 113 legisladores, casi la mitad de la Cámara baja.
«No solo es la prisión la alternativa cuando tienen menos de 16 años, sino que se busca que el menor tenga contención por parte del Estado, y distintas modalidades de prisión muchas atenuadas por ser menor, dependiendo del delito, como la prisión domiciliaria», indicó la cordobesa.