INTA posee 50.000 hectáreas. Más de 50.000 hectáreas pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) están actualmente sin uso definido, según un relevamiento iniciado por el propio organismo en conjunto con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Si bien no hay decisiones oficiales sobre qué destino tendrán esos terrenos, la revisión interna ya encendió la atención de sectores técnicos, gremiales y del agro.
Según datos que trascendieron, el INTA posee alrededor de 100.000 hectáreas distribuidas por todo el país, muchas de ellas fuera de la zona agrícola núcleo. De ese total, apenas la mitad se encuentra actualmente en uso para investigación o producción agrícola y ganadera. El resto enfrenta diversas problemáticas que explican su falta de aprovechamiento: desde usurpaciones o inaccesibilidad hasta zonas con robos reiterados que impiden desarrollar actividades regulares.
A pesar de esta situación, no hay aún una línea de acción concreta, ni desde el Gobierno ni desde el INTA, para determinar qué se hará con las tierras ociosas. “No es un tema que esté en discusión por ahora”, aseguraron fuentes cercanas al organismo, publicó #LA17. Aun así, se reconoció que existen conversaciones preliminares para definir si parte de ese patrimonio puede ser reutilizado resolviendo obstáculos puntuales.
El tema se torna aún más sensible porque cualquier decisión sobre el patrimonio del INTA debe pasar por su Consejo Directivo, donde además del Gobierno tienen participación entidades del agro y universidades nacionales. Desde el Ejecutivo ya se dio una señal: en noviembre, el vocero presidencial Manuel Adorni habló de un “plan de modernización” que podría incluir la venta de inmuebles y tierras subutilizadas.
Un antecedente reciente generó rechazo gremial. En 2023, se subastó el histórico edificio del INTA en Cerviño al 3100, en el barrio de Palermo, Buenos Aires, por US$ 18,5 millones, con la condición de que se destine a desarrollos inmobiliarios. Esa operación, avalada por el Consejo Directivo, desató críticas internas y advertencias judiciales por su “premura” y los fines comerciales exigidos al comprador.
En paralelo, el posible proyecto de fusión entre INTA y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) volvió a tomar fuerza en los pasillos oficiales, aunque fuentes oficiales aseguran que no hay avances concretos ni definiciones inmediatas, debido a la complejidad legal que implica integrar dos entes con marcos normativos específicos.
La revisión también alcanzó a la estructura institucional: en marzo se resolvió cerrar la Estación Experimental Agropecuaria AMBA, que tenía alcance sobre 39 municipios bonaerenses y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se eliminaron 41 agencias de extensión, dejando en pie 258.
