El Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) lanzó una dura advertencia contra el Gobierno de Javier Milei, al denunciar un intento encubierto de derogar la Ley de Cabotaje mediante el nuevo proyecto de desregulación del transporte por agua, señala El Canal de La Gente. La medida, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, es considerada por el gremio como un golpe letal para la industria naval argentina.
«Quieren liquidar el cabotaje nacional»
Mariano Vilar, secretario general de SICONARA, no ahorró críticas al afirmar que el Ejecutivo opta por «pergeñar un régimen de excepción» en lugar de tomar medidas para reducir las asimetrías de costos operativos con los competidores regionales. «Básicamente, están decretando la desaparición del cabotaje marítimo y fluvial nacional», sentenció.
Según el gremio, el decreto impulsado por el Gobierno es un plan «entreguista» que busca beneficiar a empresas extranjeras a costa del trabajo argentino. Además, denuncian que nunca fueron convocados a dialogar: «Nunca fuimos citados a una reunión, y eso demuestra la falta total de voluntad de consenso», disparó Vilar.
Efectos devastadores: trabajadores a la deriva
La desregulación, según Vilar, también traerá consecuencias catastróficas para la legislación laboral, permitiendo despidos prácticamente gratuitos y habilitando licencias sin goce de sueldo de hasta ¡10 años! «Es un escándalo: te echan gratis», enfatizó el dirigente sindical.
Además, alertó que la iniciativa pone en jaque el derecho a huelga y generará una ola masiva de despidos. «Los primeros en caer serán los trabajadores que están de franco, pero la amenaza se extiende a toda la industria», advirtió.
SICONARA prepara paralización total
Ante este escenario, el sindicato ya afila sus armas para una batalla sin cuartel contra el Ejecutivo. «No podemos permitir esta entrega. Vamos a resistir con todas las herramientas a nuestro alcance», aseguró Vilar. Entre las medidas que evalúan, se encuentra la presentación de un amparo judicial y la paralización total de las actividades navales, incluyendo la pesca.
«Esto no es solo por nuestros derechos: vienen por nuestras fuentes de empleo, nuestra soberanía y nuestros recursos naturales. No se lo vamos a permitir», concluyó Vilar, dejando abierta la puerta a un conflicto de alto impacto en la economía nacional.