“Estos datos muestran que los principales impuestos distorsivos generan ingresos por el equivalente al 8% del PBI”, sostiene IDESA. El reporte indica que “esto implica casi un 30% del total de los recursos con que cuenta el sector público nacional, provincial y municipal”.
“Se confirma así que no hay posibilidades de eliminar o reducir estos impuestos distorsivos sin volver a caer en déficit fiscal”, considera el estudio.
El reporte considera que el IVA es un impuesto neutral que no afecta al precio final y por eso recomienda reemplazar por éste a los gravámenes distorsivos. Sobre todo, lo que se denomina “super IVA”, que podría englobar a la mayoría de los gravámenes provinciales.
La reducción de impuestos está en el eje del discurso del Gobierno, pero a su vez es contradictoria con el objetivo de reducir el tipo de cambio a niveles por debajo de los $1.000, una vez abandonado el esquema de cambio fijo con devaluación al 1%.
“Desde el punto de vista de la producción nacional a este nivel de tipo de cambio se intensifican los problemas de competitividad. Es decir, las dificultades que se enfrentan para exportar y competir con los productos importados persisten”, señala el informe de IDESA.
El estudio considera que “este conflicto de objetivos deriva en un conflicto de políticas públicas”. “Por un lado, las entidades empresarias piden bajar la presión impositiva para mejorar la competitividad. Por el otro, el Gobierno plantea que el espacio para bajar impuestos sin comprometer el equilibrio fiscal es muy acotado”, dice el estudio.
La consultora Vectorial traza un comparativo entre el acuerdo alcanzado por el ministro Luis Caputo, y su antecesor Martín Guzmán en 2022 en relación al tema del sistema tributario.
“En el apartado fiscal el acuerdo alcanzado con el FMI profundiza la orientación actual del Gobierno en dicha materia. Así, pasa de proyectar para 2025 un superávit primario del 1,3% del PBI al 2,2% en 2026 y 2,5% para el trienio 2027-2029”, dice la consultora.
Vectorial agrega que es “una meta ambiciosa y exigente considerando que el acuerdo de 2022 buscaba que el déficit primario pase de -3% del PBI al -2,5% en 2022, -1,9% en 2023 y -0,9% en 2024”. Según publica Ámbito
“Respecto a las reformas requeridas para apuntalar los exigentes resultados pretendidos, en materia de ingresos no se observan diferencias sustanciales respecto al acuerdo alcanzado en 2022, en donde se señala la necesidad de crear un sistema tributario con mayor eficiencia y progresividad y menores niveles de distorsión”, dice la consultora.