Denunció a la jueza Martini. La magistrada que presidió el juicio por la masacre de pingüinos fue denunciada por el único condenado en la causa. En su presentación, sostiene que la jueza no acató las órdenes que denegaron su traslado de Comodoro a Rawson.
Ricardo La Regina, condenado como autor responsable de la matanza de pingüinos registrada en Punta Clara, cerca de la reserva de Punta Tombo en noviembre de 2021, presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra la jueza María Laura Martini, quien tuvo a su cargo el juicio oral desarrollado en 2024.
Con el patrocinio del abogado Federico Ruffa, el escrito acusa a la magistrada penal de incurrir en la causal de mal desempeño contemplada en los artículos 165 de la Constitución del Chubut y 15 inciso a) y 16 incisos a) y c) de la ley V N° 80. Se apunta particularmente al “traslado de facto” desde Comodoro Rivadavia hacia Rawson, según informó La Opinión Austral.
La denuncia cita que la normativa sanciona a quien “resista o desobedezca las órdenes legítimas de sus superiores por vía de superintendencia y a los Poderes y Órganos de la Constitución”, y sostiene que Martini “se encuentra actualmente ejerciendo como Jueza de Rawson, pese a que ha existido un pronunciamiento expreso de la Legislatura de la Provincia contrario a su pretensión de traslado”.
En ese tenor, se afirma que Martini se encuentra “atrincherada” en el Colegio de Jueces de Rawson, sin haber concursado para ese puesto, y “pese a que la Legislatura denegó el acuerdo para que se traslade a la capital provincial desde la jurisdicción de Comodoro Rivadavia. Es decir que se encuentra lisa y llanamente resistiendo y desconociendo una orden legítima de uno de los Poderes de la Constitución”.
De acuerdo a la información difundida por el mencionado portal, el acusado agrega que existió una “imperiosa necesidad personal de la Jueza Maritini de sostener su asiento vital en la ciudad de Rawson” y que “todo su despliegue está teñido por la sombra de que actuó y actúa con la intención de congraciarse con quienes pueden, formalmente o de facto, permitirle continuar ejerciendo en la capital provincial”.
La Regina alega que “actualmente, la denunciada se mantiene ejerciendo como Jueza de Rawson contra la decisión expresa de la Legislatura de rechazo del traslado y continúa tomando decisiones en causas que involucran a Diputados y Diputadas que habían participado (y protagonizado) los cuestionamientos de su traslado y que podrían tener que intervenir frente a esta situación de desobediencia y rebeldía de la Jueza Martini. Como puede observarse, siempre se pronunció a favor de las apetencias del poder político”.
A raíz de esto, sostiene que “esta situación tiñe todo su accionar en el marco de la causa “Ministerio Público Fiscal s/ Investigación Maltrato Animal – Punta Tombo”, Carpeta Judicial Nro. 7629, Legajo Fiscal Nro. 24721”.
A propósito, destaca que “en dos oportunidades, vinculado con razones jurídicas y hechos diversos, se solicitó su apartamiento, pero en ambos la Sra. Jueza se sostuvo fervientemente en su cargo, probablemente buscando una forma de congraciarse con quienes podrían beneficiarla en su pretensión de traslado”.
Para el hombre “surge claramente la idea de que (Martini) actuó influida por esa situación. En el mejor de los casos simplemente afectada por ello, en el peor, buscando ganarse el favor de la política para poder continuar en la ciudad de Rawson. En cualquier caso, no debía intervenir. La extraña y particular situación actual imprime un nuevo y más oscuro manto de sombra sobre su accionar”.
“Atrincheramiento y rebeldía”
Asimismo, se sostiene que la jueza incurrió en “desobediencia de un acto de la Legislatura. La Dra. Martini se ha resistido, sin fundamento alguno, a acatar el rechazo de su pedido de traslado. Se “atrincheró” en la ciudad de Rawson y ejerce de facto la judicatura en una jurisdicción para la que no fue designada. Así desobedece y resiste las decisiones de la Legislatura y del Consejo de la Magistratura y desconocimiento del dictamen de la Fiscalía de Estado”.
El documento también señala una “violación del deber de excusarse. Arbitrariedad en el tratamiento de la recusación interpuesta por la defensa y, posteriormente, de la nulidad sobreviniente en la conformación del Tribunal por la participación del Dra. Martini. Todo ello vinculado y como correlato la situación de su pedido de traslado rechazado por la Legislatura”.
A ello se suma, según el escrito, un “tratamiento contra legem, contra reo y contra natura de un pedido de suspensión de juicio a prueba; en particular, del proceso de impugnación de la decisión denegatoria. Aquí incurre también en desconocimiento inexcusable del derecho, lo que se agrava con dictado de resoluciones abiertamente contradictorias”.
Para el único condenado en el expediente conocido como “Masacre de Punta Tombo”, existieron “diversas irregularidades y actuaciones completamente alejadas de la letra del código de rito aplicable y de toda jurisprudencia o práctica forense que ponen en tela de juicio el accionar del Tribunal interviniente”.
En ese sentido, se reitera que la situación actual de Martini “demuestra una vez más que se siente por encima de la ley y de las decisiones de los poderes del Estado. Resulta alarmante que alguien que pretenda ejercer la judicatura y disponer de libertad y la propiedad de las personas, se mantenga en una situación de rebeldía frente a la decisión adoptada por los otros poderes del Estado”.
Se remarca que, el 7 de noviembre de 2024, la Legislatura resolvió “No Conceder Acuerdo Legislativo para el traslado de la Jueza Penal de la ciudad de Comodoro Rivadavía, Dra. María Laura Martini (DNI 23.595.231) a la circunscripción judicial de la ciudad de Rawson”.
A su vez, se recuerda que “al día siguiente ello motivó un planteo con relación a la conformación del Tribunal en el marco de la causa que tenía por imputado a La Regina. Ni allí ni posteriormente la Jueza Martini se hizo cargo de esa situación, y decidió abiertamente desobedecer ese acto de la Legislatura. Se atrincheró en la jurisdicción de Rawson y se mantiene hasta hoy ejerciendo de facto un cargo para el que le fue expresamente rechazado su pedido de traslado”.
El texto indica, igualmente, que “Martini continuó interviniendo en causas que involucraban a Diputados Provinciales pertenecientes al partido de gobierno. Llama la atención que ninguno de ellos haya realizado algún planteo vinculado con la situación de esta magistrada en la ciudad de Rawson” y “en ningún momento se excusó ni advirtió a las partes de estas circunstancias, conforme exigen las normas aplicables”.
“Todo este contexto lamentablemente impone leer con suspicacias todas las resoluciones adoptadas por la Jueza Martini, siempre favorables a los legisladores. Recordemos que de esos legisladores dependía en primer término el traslado y que esos legisladores son quienes emitieron la resolución que actualmente se encuentra desobedeciendo la Jueza Martini”, expresa la elevación, que ahora deberá ser analizada por el pleno del Consejo.
