El avance de la investigación podría derivar en nuevas imputaciones y abrir un capítulo complejo en la relación entre el Estado y sus proveedores sanitarios.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó bloquear el acceso a las cajas de seguridad de los principales involucrados en la causa de los audios de Spagnuolo, en los que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, habría mencionado presuntas coimas vinculadas a droguerías proveedoras del Estado.
La medida, según TN fue dispuesta mediante un oficio al Banco Central (BCRA) y busca evitar la destrucción de pruebas, ya que en las cajas no solo se guarda dinero, sino también documentación relevante para la investigación.
Sospechas de encubrimiento y allanamientos en Nordelta
En paralelo, el magistrado indaga al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, sospechado de haber colaborado en la fuga de Jonathan Kovalivker, empresario vinculado a la droguería Suizo Argentina. La policía de la Ciudad se encuentra en el ingreso al country, relevando registros de entradas y salidas.
La medida alcanza también a exfuncionarios como Daniel María Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y a miembros de la familia Kovalivker. La causa se amplía con nuevas líneas de investigación que apuntan a una posible red de encubrimiento.
Allanamiento en ANDIS y secuestro de computadoras
El viernes por la noche se allanó la sede de ANDIS, en el marco del programa Incluir Salud, ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Durante el operativo se secuestraron cinco computadoras: una perteneciente a Garbellini, dos de secretarias y otra utilizada para contrataciones.
La Justicia busca determinar si desde esa dependencia se realizaron maniobras irregulares vinculadas a la contratación de proveedores, en línea con lo que se desprende de los audios atribuidos a Spagnuolo.
Un caso que sacude al sistema de salud estatal
La causa por los audios de Spagnuolo pone en el centro del debate la transparencia en el manejo de fondos públicos destinados a la salud. Las medidas judiciales apuntan a preservar pruebas clave y esclarecer si existió una estructura de corrupción que involucró a funcionarios, empresarios y operadores logísticos.