La Fiscalía General de Brasil pidió que se refuerce la vigilancia policial en la casa del expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra bajo prisión domiciliaria desde el 4 de agosto, debido a que existe un «riesgo concreto de fuga» justo antes de que el juicio en su contra por el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva ingrese en su etapa final.
En el documento enviado este lunes al ministro del Supremo Tribunal Federal, el juez Alexandre de Moraes, la fiscalía «considera oportuno recomendar que la policía despliegue equipos de respuesta a emergencias permanentes para el monitoreo en tiempo real».
En Brasil la Fiscalía pidió reforzar la vigilancia sobre Jair Bolsonaro
De acuerdo con C5N. La medida fue solicitada por el diputado Lindbergh Farias, líder del Partido de los Trabajadores del presidente Lula en la Cámara baja, quien enfatizó el «riesgo concreto de fuga de Bolsonaro» y subrayó la proximidad de su residencia con la Embajada de Estados Unidos, según detalló la agencia ANSA.
La semana pasada, la Policía Federal informó que el expresidente violó las restricciones impuestas por la Justicia, que le prohibió comunicarse con los demás imputados y realizar cualquier «acto de proselitismo digital». A pesar de esto, Bolsonaro contactó a otros acusados e intercambió por WhatsApp unos 300 videos con muestras de apoyo.
Sumado a esto, la investigación judicial encontró semanas atrás un borrador de 33 páginas con un «pedido de asilo político» al presidente Javier Milei, fechado pocos días después de que se iniciara la causa en febrero de 2024. En él, Bolsonaro alegaba sufrir una «persecución política» para pedir protección en Argentina.
El juicio por el intento de golpe de Estado comenzó en abril de este año y entrará en su etapa final a principios de septiembre, cuando el veredicto será analizado en «sesiones extraordinarias» programadas para los días 2, 3, 9, 10 y 12. Si es encontrado culpable, Bolsonaro podría enfrentar una condena de hasta 40 años de cárcel.
La Fiscalía pidió en julio que Bolsonaro y siete de sus colaboradores más cercanos sean condenados por los delitos de golpe de Estado, intento de abolición del estado democrático de derecho, asociación armada para delinquir, daño calificado al patrimonio público y deterioro del patrimonio público.
En su alegato final, presentado a mediados de agosto, el exmandatario pidió ser absuelto y se declaró inocente de todos los cargos, argumentando que la acusación no se basa en «evidencia sólida» sino en «interpretaciones distorsionadas».