En un giro inesperado para la investigación del triple femicidio de Florencio Varela, el abogado de la familia de Morena Verdi cuestionó severamente la teoría que señala a «Pequeño J» como autor intelectual y reveló que la madre de la víctima maneja «otra hipótesis» que nunca fue escuchada por los fiscales.
El letrado Diego Storto anunció medidas concretas para modificar el curso de la investigación. «Voy a pedir que la causa pase al fuero federal».
El abogado fundamentó su pedido en la presencia de narcotráfico en el caso y en lo que calificó como «graves irregularidades» cometidas por los fiscales Gastón Duplaá y Adrián Arribas, señalando que «queda un poco grande esta causa para que la maneje la Justicia ordinaria».
Las irregularidades que mancharían la investigación
El abogado Diego Storto enumeró una serie de fallas procesales concretas que, desde su perspectiva, comprometen de raíz toda la investigación del triple femicidio. Identificó como la irregularidad más severa la ruptura inmediata de la cadena de custodia.
Este grave procedimiento sucedió cuando personas no autorizadas contaminaron la escena del crimen minutos después del hallazgo de los cuerpos. Testigos y registros televisivos captaron el momento en que un individuo, aprovechando el caos inicial del operativo, ingresó a la vivienda en una bicicleta con intenciones de hurto.
Esta intrusión, transmitida en vivo por los medios, alteró evidencias forenses cruciales y vulneró el protocolo de preservación del lugar, generando dudas irrecuperables sobre la integridad de las pruebas recolectadas.
El reclamo por las familias no escuchadas
El letrado enfatizó uno de los aspectos más graves en el desarrollo de la causa: el completo aislamiento que mantuvieron los investigadores con los deudos. Storto reveló con indignación que, durante todo el proceso, ningún representante del sistema judicial -ni fiscales, ni asistentes, ni peritos- se acercó a las familias para recoger sus testimonios.
Esta omisión no solo constituye una clara violación a los derechos establecidos en la Ley de Víctimas, sino que representa una oportunidad perdida irreparable.
El abogado amplió su crítica al señalar el valor incalculable de la información que los padres hubieran podido proporcionar. «Los fiscales desaprovecharon conocer detalles íntimos sobre la vida de las chicas, sus rutinas, sus amistades, sus últimos movimientos», explicó Storto con visible frustración.
Este vacío en la investigación, según su perspectiva, dejó sin explorar líneas de investigación cruciales que solo los familiares podían sugerir. La falta de este diálogo esencial, insistió, compromete seriamente la solidez de toda la pesquisa y deja a las familias en una doble condición: la de víctimas del crimen y la de víctimas del sistema judicial.
La hipótesis alternativa de la familia
El letrado respaldó completamente la postura de Sabrina, madre de Morena, quien describió a los detenidos como «perejiles» y cuestionó que «Pequeño J» tenga «cara de narcotraficante». Storto fue contundente: «Como abogado, desconfío de todos.
Yo claramente no creo en la hipótesis de esa persona que todos apuntan, el Pequeño J». Además, adelantó que tanto la familia de Morena como la de las otras víctimas manejan hipótesis alternativas que no están siendo investigadas.
La teoría del «buchón policial»
Storto cuestionó el origen de la línea investigativa principal, sugiriendo que «sale por algún buchón de la Policía que trabaja con la Fiscalía».
Esta afirmación refleja la profunda desconfianza en el trabajo realizado hasta el momento y plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso, especialmente porque, según el abogado, los padres permanecen «ajenos al proceso» sin posibilidad de que sus versiones sean consideradas.
Las graves acusaciones del representante legal de la familia Verdi exponen fracturas significativas en la investigación del caso que conmocionó al país.
La solicitud de federalización de la causa y el pedido de escuchar a los familiares plantean un nuevo capítulo en esta tragedia, donde la búsqueda de justicia parece chocar contra procedimientos cuestionables y versiones oficiales que no convencen a quienes más sufren la pérdida. Información extraída del medio C5N.
