El gobierno provincial intervino con una denuncia ante la Justicia Federal por distintos inconvenientes detectados en las localidades de San Ignacio, San Pedro y 25 de Mayo.
Mientras no se apaga el fuego del escándalo nacional por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), surgen nuevos focos, esta vez en Misiones: en las localidades de San Ignacio, San Pedro y 25 de Mayo denunciaron irregularidades en las auditorías, que eran realizadas por militantes libertarios, a la vez que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) rechaza las constancias.
El vicegobernador Lucas Romero Spinelli en persona calificó a las auditorías como «inadmisibles», y el gobierno provincial presentó un recurso de amparo en la Justicia Federal, en el que detalló la existencia de sellos y firmas de médicos falsificados, trámites recibidos por militantes políticos en lugar de profesionales de la salud, comprobantes sin validez legal y auditorías en lugares indignos, como un restaurante abandonado. De acuerdo con C5N.
Operativo de ANDIS en 25 de Mayo: denuncias y confusión en Misiones
Según refirió Misiones Online, el secretario de Gobierno de 25 de Mayo, Sebastián Rodríguez, denunció que las auditorías eran realizadas por militantes libertarios y que ANSES rechaza las constancias y relató cómo se desarrolló el procedimiento en ese municipio, que centralizó también a Colonia Aurora y Alba Posse.
«En 25 de mayo comenzó el operativo el 1° de septiembre, se estuvo llevando a cabo con mucha gente en general, hubo gente que fue convocada o citada por carta documento y se tomaron a los tres municipios. Tuvimos ciertos problemas porque hubo gente que no fue citada y se acercó igual a consultar la situación porque hubo mucha desinformación. Resulta que sí, tenían turnos adjudicados y no estaban informados», explicó.
Rodríguez advirtió que la falta de citaciones generó incertidumbre y temor: «Eso lógicamente se transmitió de boca en boca entre la comunidad y fue generando cierta paranoia, porque preocupa a la gente que le lleguen a cortar los beneficios y más siendo que la situación no está fácil y hay mucha gente que realmente lo necesita y que tiene discapacidad real».
El funcionario municipal sostuvo que no existió comunicación formal con el municipio acerca del operativo. Las cartas documento enviaban a los beneficiarios a una dirección inexistente, lo que agravó la confusión.
La Agencia Nacional de Discapacidad es un organismo hoy atravesado por escándalos y que, por esa razón, está intervenido. En Misiones ha venido ejecutando un proceso de bajas arbitrarias de pensiones por discapacidad con irregularidades inadmisibles en sus auditorías. Por ese… pic.twitter.com/2M68DTzDt4
— Lucas Romero Spinelli (@lucasaromero) August 31, 2025
«La gente que le llegó la carta documento le decía que se presenten en una dirección que en 25 de Mayo no existe. Después nos terminamos enterando que era en un salón grande del centro, otra dirección distinta. Desde ahí ya hubo mucha confusión. Lo que sí pudimos ver es que eran ciertos militantes de la Libertad Avanza, por lo que pudimos charlar con la gente, y eso preocupa mucho, que sean militantes los que hacen las auditorías», afirmó.
Según Rodríguez, la situación se volvió aún más grave porque la ANSES rechazó las constancias entregadas: «La gente que salía del operativo con su certificado se fue a ANSES a sacar un turno para presentar los estudios, y en ANSES les rebotaron. Les dijeron que no era una firma avalada o que eran fotocopias. Las personas se hicieron el viaje a Oberá y terminaron volviéndose sin respuestas».
El funcionario reconoció que no manejan un número exacto de afectados, aunque confirmó que los primeros 15 beneficiarios que acudieron a la ANSES fueron rechazados. «Después se siguió dando con otras personas. Hay gente que viene desde 60 o 70 kilómetros, con caminos de tierra y lluvia, y terminan rebotando. Claramente se marca el perfil de estas acciones que está teniendo el Gobierno nacional», sostuvo.
Funcionarios advierten que las auditorías de ANDIS vulneran derechos y generan incertidumbre en Misiones
El secretario de Gobierno expresó que la desprolijidad del proceso dejó más dudas que certezas: «Es una empresa, es un trabajo tercerizado, son militantes, no se entiende bien. Cuando los certificados que emiten van a la ANSES, rebotan. Entonces tampoco se entiende. Y todo esto termina rebotando en la gente, que es el sector más vulnerable y que más necesita apoyo del Estado».
Respecto al accionar del Gobierno provincial, Rodríguez respaldó la decisión de presentar un amparo: «Me parece bien la medida que se tomó desde Vicegobernación, porque darle 30 días a la gente para presentar nuevamente estudios es muy difícil. Mucha gente presentó originales hace 10 o 11 años y hoy no los tiene más. Con el sistema de salud saturado es imposible en ese plazo».
El funcionario concluyó: «Nuestra principal preocupación es que la gente sea atendida, que se preserven sus derechos y que estas auditorías sean reales. Hoy se está desinformando, se están vulnerando derechos y se está jugando con la gente».
San Ignacio: sello falsificado en las auditorías de ANDIS
Por otro lado en San Ignacio se detectó la utilización de un sello médico falsificado en auditorías. Pensionados fueron citados bajo amenaza de perder sus beneficios, pero al llegar se encontraron con un operativo en condiciones precarias y recibieron constancias apócrifas que ponían en riesgo la continuidad de sus pensiones.
Las jornadas se desarrollaron en un restaurante abandonado, sin condiciones sanitarias ni infraestructura adecuada. Cientos de beneficiarios de pensiones por invalidez permanecieron desde la madrugada en largas filas a la intemperie. Al finalizar, recibieron un documento titulado «Constancia de Asistencia Evaluación ANDIS», sin sello ni membrete oficial, firmado con el nombre del cardiólogo Leandro Peñaloza, de Pergamino, Buenos Aires.
«El sello y la firma no son míos. No coinciden la tipografía ni la rúbrica. Claramente hay una falsificación», expresó Peñaloza en diálogo con Clarín. El profesional, con más de cincuenta años de trayectoria, anticipó que presentará una denuncia penal en Pergamino. También calificó de inadmisible la participación de estudiantes en auditorías de discapacidad y señaló: «Aunque sean de medicina, no pueden realizar esas evaluaciones».
