El Gobierno argentino presentó formalmente la apelación contra el fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska que ordena entregar acciones de YPF para pagar la deuda de US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera.
En un contundente escrito, calificó la decisión como «un disloque jurídico y un desastre diplomático».
Cuatro argumentos centrales de la apelación
Según explicó el especialista Sebastián Maril a Noticias Argentinas, la apelación presentada ante la Cámara correspondiente se basa en cuatro puntos clave: la imposibilidad de que la justicia estadounidense obligue a un país soberano a repatriar activos del exterior, la incorrecta aplicación de la ley de Nueva York, la invocación de la Ley de Inmunidad Soberana como protección, y las graves consecuencias diplomáticas que tendría el cumplimiento del fallo. El gobierno estadounidense ya se había manifestado como «amicus curiae» apoyando la posición argentina.
Críticas a la intromisión en la soberanía nacional
El escrito de apelación sostiene que «ninguna otra corte estadounidense ha dictado una orden como esta». Agrega que la jueza Preska «le ha ordenado a un gobierno extranjero que viole sus propias leyes y transfiera a los Estados Unidos bienes de su propiedad que están dentro de su territorio», lo que califica como una violación al derecho común estadounidense e internacional. La defensa argentina argumenta que esta decisión crea «un mundo al revés» en términos de inmunidad soberana.
Próximos pasos y posibles escenarios
Fuentes judiciales indicaron que la definición de este proceso podría darse en el primer trimestre de 2026. El gobierno estadounidense ya había advertido que este tipo de decisiones podrían tener «ramificaciones negativas» en las relaciones exteriores de Estados Unidos y afectar el trato recíproco de sus bienes en otros países. Argentina sostiene que cumplir la orden causaría un «daño irreparable», incluso si posteriormente se obtuviera un fallo favorable. Información extraída del medio ADN.
