El juez desestimó el planteo de nulidad basado en los audios usados como prueba en la investigación de contrataciones en la ANDIS.
El juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido de nulidad presentado por los defensores de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker en la causa que investiga supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El recurso cuestionaba la validez de audios difundidos y su uso como prueba en la investigación sobre compras de medicamentos.
La estrategia defensiva y el argumento de invalidez
La defensa, promovida por el abogado Martín Magram, alegaba que los audios que dieron origen al expediente podrían ser falsos, adulterados o captados sin consentimiento, lo que implicaría una violación de garantías constitucionales. Argumentaban que esa prueba vulneraba el derecho a la privacidad y no cumplía los requisitos legales para ser admitida.
Sin embargo, Casanello evaluó que la petición se basaba en “argumentos especulativos y contradictorios” y recordó que la jurisprudencia nacional impide declarar nulas actuaciones procesales por meros vicios formales si no se demuestra una violación grave de derechos. El juez sostuvo que la defensa buscaba dar carácter de prueba única a material que aún no tiene esa condición, según Infobae.
La incorporación de los audios como prueba
En el fallo se destacó que los audios, aunque cuestionados, pueden ser admitidos en la causa bajo ciertas condiciones. Casanello citó precedentes judiciales que permiten incluir grabaciones realizadas por particulares, salvo que hayan sido obtenidas por funcionarios vulnerando derechos constitucionales.
El juez también mencionó que “el ámbito público y el contexto en que ocurrieron las conversaciones reducen la expectativa de privacidad”, y que en casos de corrupción los funcionarios tienen menor expectativa de confidencialidad. De ese modo, el magistrado descartó que el uso de esos audios, por sí solo, contamine todo el proceso.
Potenciales implicados y otras aristas
La causa alcanza a la droguería Suizo Argentina como principal proveedor, y menciona a funcionarios como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem por su presunta participación en retornos vinculados a las compras.
Como querellante interviene la ONG Poder Ciudadano, que respaldó el rechazo de la nulidad y defendió que las grabaciones “tomaron estado público”, habilitando la investigación. El Ministerio Público Fiscal también se opuso al planteo defensivo, sosteniendo la legalidad del proceso y defendiendo la validez de los audios utilizados como prueba.
Con este rechazo, la causa contra los Kovalivker y otros involucrados avanza con las pruebas ya incorporadas, incluyendo las grabaciones en disputa. El juez Casanello ratificó que los defectos formales no son motivo suficiente para detener el proceso, a menos que exista una violación grave de derechos. El debate sobre la validez de esos audios podrá ser revisado más adelante, pero hoy siguen siendo parte central del expediente penal.
