El Gobierno nacional presentó el proyecto de Presupuesto 2026 con un incremento en partidas de capital por encima de la inflación, pero con un nivel de inversión pública que seguirá en mínimos históricos.
La decisión genera preocupación en el sector de la construcción, ya golpeado por la caída de la actividad y el empleo.
Aunque el texto oficial destacó un aumento del 50% en los gastos de capital respecto de 2025, lo cierto es que representarán apenas el 0,32% del PBI, por debajo incluso del 0,4% registrado en 2024, considerado ya un año de fuerte ajuste.
En total, el gasto proyectado para 2026 asciende a $3,286 billones, con transferencias de capital concentrando casi la mitad de los recursos. Sin embargo, la comparación con la magnitud de la economía muestra que la inversión pública se achica en términos reales.
Según estimaciones de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), este porcentaje será el más bajo de los últimos años. “No hay ningún aumento. Es el mismo porcentaje del 0,4% del PBI, igual que este año”, señaló Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), en declaraciones a Ámbito.
El contexto de la construcción: caída y pérdida de empleo
El ajuste llega en un momento crítico para la construcción. De acuerdo con el INDEC, el sector acumuló una baja del 20,7% entre noviembre de 2023 y julio de este año.
La crisis se tradujo directamente en el empleo: el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) informó que desde el cambio de gobierno hasta junio se perdieron 67.934 puestos de trabajo, equivalente a una caída del 16%.
En agosto, el panorama no mejoró. El Índice Construya, que mide los volúmenes vendidos al sector privado, mostró una baja del 8,5% mensual y del 5,5% interanual.
Un futuro incierto para la obra pública
El proyecto de Presupuesto 2026 confirma que la inversión en infraestructura seguirá en niveles muy reducidos, con impacto directo sobre la actividad y el empleo en la construcción. Para los empresarios, la perspectiva es poco alentadora y deja abierta la incógnita sobre la capacidad del Estado de impulsar la reactivación a través de la obra pública.
