Micaela Sánchez, tesorera de la financiera Sur Finanzas investigada por presunto lavado de dinero, amplió este jueves su indagatoria sin responder preguntas.
Ante el juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, la empleada —vinculada al entorno del presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia— presentó un escrito donde negó haber intentado destruir pruebas y aseguró que actuó por temor a perder su trabajo.
Una estrategia de silencio y nuevos planteos de la defensa
Durante la audiencia, Sánchez, detenida la semana pasada cuando era sorprendida retirando computadoras y documentación de un depósito en Turdera, optó por no declarar oralmente. Su defensa presentó un escrito en el que intentó desligarla de responsabilidad penal. La misma estrategia fue adoptada por los otros dos detenidos en la causa: los choferes Sergio Da Silveira y Juan Cervín, quienes reiteraron su pedido de excarcelación o, de manera subsidiaria, prisión domiciliaria.
La fiscal Incardona volvió a ofrecer a Sánchez la posibilidad de acogerse a la figura de imputado colaborador. Sin embargo, su nueva defensa rechazó la propuesta al argumentar que el delito que se le imputa —encubrimiento— no admite legalmente ese beneficio procesal.
La versión de los hechos según el escrito de la tesorera
En su descargo por escrito, Sánchez relató que ingresó a Sur Finanzas hace tres años como cajera y luego asumió tareas administrativas. Explicó que el día de su detención llamó a un chofer para trasladarse al depósito con el objetivo de retirar computadoras destinadas a la sucursal de Adrogué, aunque no indicó quién le dio la orden.
Según su versión, tras llevar cuatro equipos a un técnico (quien declaró recibir solo tres), notaron una camioneta sospechosa al regresar al depósito para devolver el equipo sobrante. «Por temor a un robo, nos retiramos», afirmó, pero fueron seguidos y detenidos por agentes de la Policía Federal. Negó rotundamente que los dispositivos estuvieran ocultos en un doble fondo del vehículo y aseguró que entregó su celular y clave voluntariamente.
La causa, que según la hipótesis judicial investiga el posible uso de clubes de fútbol como canal de circulación de fondos irregulares, continúa su curso. La información sobre la ampliación de la indagatoria fue reportada en primera instancia por la Agencia Noticias Argentinas.