El decreto 682/2025 permitió a las cerealeras exportar USD 7000 millones sin pagar derechos en apenas 72 horas. Los legisladores advirtieron por la falta de transparencia y controles.
El decreto 682/2025 del Poder Ejecutivo, que suspendió transitoriamente el cobro de retenciones a las exportaciones hasta el 31 de octubre o hasta agotar un cupo de USD 7000 millones, generó una fuerte reacción en el Congreso. La medida se agotó en apenas 72 horas y abrió un debate sobre la eliminación definitiva de los derechos de exportación.
Desde la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López advirtió que “el decreto recientemente dictado, lejos de ser una solución de fondo, constituye la continuidad de una práctica consolidada en los últimos años: la utilización de mecanismos excepcionales para forzar la liquidación de divisas y atender desequilibrios externos de corto plazo”.
“Tal como ocurrió con los distintos ‘dólar soja’ implementados por el exministro Sergio Massa, se trata de medidas transitorias y limitadas que tienden a concentrar los beneficios en un grupo reducido de empresas, sin representar un alivio significativo para la mayoría de los productores”, agregó.
López agregó que “las medidas adoptadas posteriormente por el propio Gobierno implicaron un costo fiscal incluso mayor al que hubiera supuesto la aprobación de la ley, pero sin generar los beneficios de estabilidad y previsibilidad que desde el Congreso buscábamos asegurar”.
Durante este año, la Comisión de Agricultura avanzó en el análisis de distintos proyectos para eliminar las retenciones, impulsados principalmente por diputados de Córdoba. Sin embargo, no se lograron dictámenes de comisión, pese a las reuniones convocadas por Atilio Benedetti.
Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal) criticó con dureza la última decisión oficial: “Lo vivido en los últimos días con las retenciones supera todas las predicciones. Del ‘te las bajo un poco y te las vuelvo a subir’, pasamos al ‘te las bajo a cero por 30 días o por 72 horas, lo que ocurra primero’. Y ocurrió”.
El diputado señaló además que “cuando algunos todavía estaban haciendo números, otros ya tenían todo resuelto. Incluso hubo barcos chinos listos para cargar en apenas 72 horas. Fue tan rápido que hasta el secretario del Tesoro de los Estados Unidos exigió como condición urgente volver a subir las retenciones porque los productores americanos entraban en zona de riesgo”. Y remató: “Retenciones cero, por ley y permanentes”.
Desde la UCR, el jefe del bloque, Rodrigo de Loredo, reclamó aplicar controles: “Esta práctica especulativa debe ser sancionada mediante la aplicación de la ley 26.351, que obliga a los exportadores a demostrar la tenencia de la mercadería antes de declararla. La ley está vigente y tiene que aplicarse”. Recordó que en 2018 la Secretaría de Agroindustria comprobó irregularidades en empresas como Amaggi, Alimar, Alicampo y Oca Cereales, que derivaron en sanciones de la AFIP.
Pedido de informes desde UxP
Por su parte, Eduardo Valdés (UxP) presentó un pedido de informes para que el Gobierno explique los alcances del decreto: la nómina de empresas beneficiadas, el volumen exportado, los montos de divisas ingresados al Banco Central y las retenciones que el Estado dejó de percibir.
“En apenas 48 horas, las principales cerealeras agotaron el cupo de 7000 millones de dólares. Fue una maniobra a medida de los grandes jugadores. Miles de productores quedaron afuera y el fisco perdió más de 1500 millones de dólares en retenciones. Un saqueo legalizado”, dijo Valdés.
El legislador cuestionó además la falta de controles: “Ni siquiera exigieron tener el grano en la mano para registrar las ventas. Eso es abrirle la puerta de par en par a la especulación. Ya lo vivimos en el pasado y por eso existe la Ley Martínez Raymonda. Pero este Gobierno prefiere hacerse el distraído. Está claro que el presidente gobierna para las grandes cerealeras y no para el pueblo argentino”.
La llamada Ley Martínez Raymonda, presentada en 2007 por el entonces diputado Rafael Martínez Raymonda (Demócrata Progresista), establece que los exportadores que registren ventas agropecuarias mediante Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) deben acreditar de modo fehaciente la tenencia o adquisición de esos productos al momento de registrarlos. La norma sigue vigente.
