Dos semanas después del hallazgo de tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela, la investigación avanza con nueve detenidos. La hipótesis principal apunta a una venganza narco por dinero o drogas desaparecidas.
Según informó el fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, las jóvenes Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron encontradas enterradas en el jardín de una vivienda tras sufrir torturas y golpes. La extrema violencia del ataque mantiene en vilo a la comunidad y despierta múltiples interrogantes sobre los motivos que llevaron a este triple homicidio.
Los sospechosos y el presunto autor intelectual
La causa judicial acumula nueve detenidos, entre los que se destaca Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como «Pequeño J», señalado como el posible autor intelectual del crimen. Las autoridades trabajan con la hipótesis de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, aunque hasta el momento no existen pruebas formales que confirmen definitivamente este móvil en el expediente.
Las hipótesis sobre el móvil
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo desde el inicio que «todo da cuenta de una venganza narco». Esta línea investigativa se ve reforzada por declaraciones informales de un detenido, quien mencionó que una de las víctimas se habría quedado con una suma entre 60 y 70 mil dólares o con varios kilos de cocaína. Sin embargo, estos dichos no fueron incorporados formalmente a la causa.
Evidencias de narcomenudeo y transmisión en vivo
La investigación detectó transferencias de dinero entre algunos acusados a través de billeteras virtuales, con montos pequeños y repetidos que coinciden con patrones de narcomenudeo. Además, testigos aseguraron que el crimen habría sido transmitido en vivo mediante una plataforma digital cerrada para un grupo reducido de personas, aunque esta información aún no pudo ser corroborada oficialmente.
Cooperación internacional y extradiciones
El caso requirió cooperación internacional, con una delegación argentina que viajó a Perú para lograr el regreso de Matías Agustín Ozorio, expulsado por las autoridades peruanas. En cambio, «Pequeño J» enfrenta un proceso de extradición que podría demorarse debido a su nacionalidad peruana, complicando los tiempos de la investigación.
El reclamo de las familias y la búsqueda de justicia
Las familias de las víctimas reclaman celeridad en la investigación y respuestas concretas. «Queremos saber por qué les hicieron esto y que los responsables paguen por lo que hicieron», expresaron allegados a las jóvenes. Mientras tanto, los investigadores confían en que los peritajes de los teléfonos secuestrados puedan aportar información decisiva para esclarecer este crimen que mantiene múltiples interrogantes. Información extraída del medio La17.
