Este miércoles la Comisión especial investigadora por el caso del fentanilo adulterado volverá a reunirse a las 9. Citó al ministro de Salud, Mario Lugones, y a las autoridades de la ANMAT. Por lo que se pudo saber, el titular de la cartera de Salud no concurrirá, pero sí lo harían funcionarios de la ANMAT.
La comisión es presidida por la diputada socialista Mónica Fein y secundada en las vicepresidencias por Silvana Giudici de La Libertad Avanza y Victoria Tolosa Paz (UxP). Las tres diputadas presentaron distintos proyectos para impulsar una investigación parlamentaria, con la finalidad de complementarse con la judicial que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak, del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de La Plata.
El magistrado recibió a los diputados integrantes de la comisión en su juzgado y la última semana fue al Parlamento y se presentó ante los legisladores y los familiares.
En este sentido, Giudici dijo: «Escuchamos a familiares y recibimos respuesta a todos los requerimientos que hicimos a los organismos públicos: ANMAT, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad y todos los ministerios de salud provinciales. El único que no envió respuesta fue el gobierno de Formosa. La conclusión a la que vamos arribando es que la responsabilidad de las muertes recae en los dueños del laboratorio y todos los contactos políticos que lo mantuvieron protegido durante los gobiernos anteriores».
Con relación a las reuniones con el juez a cargo de la causa, señaló: «La visita del juez Kreplak fue importante porque informó sobre las causas que se abrieron además de la principal por desvío de calidad. También se está investigando la vinculación con el contrabando o desvío de cantidad y la eventual cobertura política que pudo haber tenido para establecer el funcionamiento de tres laboratorios a lo largo de 10 años».
La visita del juez Kreplak a Diputados
En su visita a Diputados, Kreplak planteó que lo primero en la investigación fue conocer qué centros de salud habían adquirido el medicamento adulterado. «Así reconstruimos la trazabilidad de los medicamentos, que no existe en el sistema sanitario argentino. Se peritaron los siete lotes, se descartaron cinco y se confirmaron dos. Uno, entendemos, que no se llegó a aplicar a ningún paciente», aclaró.
«Como funcionarios públicos debemos dar respuesta a los familiares. esto no debió haber ocurrido, estamos en la obligación de restaurar la confianza con las instituciones públicas», expuso. Y agregó que, «la idea es trabajar, incluyendo el período de feria judicial, en analizar las historias clínicas, reunir la información dispersa y enviar, luego de la feria, los casos de víctimas fatales y no fatales, para aproximarnos a lo que sería un número final. Y, en tanto la Cámara confirme nuestro trabajo, realizar la elevación a juicio a mediados del año que viene».
Fentanilo contaminado: reuniones con familiares
Desde el primer momento la comisión invitó a los familiares de víctimas a participar de las reuniones y realizar propuestas al Congreso.
En uno de los últimos encuentros, un grupo de familiares le propusieron a los diputados varios puntos a tener en cuenta: la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, que incluye obligatoriamente al fentanilo y opioides sintéticos dentro de un sistema de trazabilidad digital integral; un registro individual de cada una de las unidades de producción hasta la administración al paciente; obligar al laboratorio, droguerías y hospitales a informar electrónicamente cada movimiento del medicamento en tiempo real, garantizando auditoría pública y judicial; y estudiar modelos internacionales para que no haya violaciones dentro de los controles cruzados.
Además, buscan la digitalización y centralización de la información sanitaria, reemplazando el actual formulario físico provisto por la Ley 17.818 por registros electrónicos unificados en una plataforma interoperable; garantizar la interconexión de las historias clínicas electrónicas a la trazabilidad clínica de los medicamentos administrados; y establecer plazos y recursos para la digitalización obligatoria de los recursos en los hospitales públicos y en los sanatorios privados.
En paralelo con el trabajo del Congreso nacional, familiares de personas que murieron a causa del fentanilo adulterado convocaron a una audiencia con la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados de Santa Fe, este miércoles a las 11, impulsando la sanción de leyes más estrictas y protocolos claros para prevenir la adulteración de medicamentos de alto riesgo.
El fentanilo adulterado dejó, hasta el momento, 173 muertes tras la aplicación de ampollas contaminadas en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Neuquén y otras provincias. Los lotes provenían de Laboratorios HLB Pharma Group SA y fueron distribuidos a través de Droguería Ramallo SA.
Los responsables de estas empresas, Ariel García Fulfaro (HLB Pharma y Laboratorio Ramallo) y Javier Tchukran (director general), permanecen detenidos. El Ministerio de Salud se presentó como querellante en la causa, y la ANMAT dispuso el recupero de los lotes adulterados, exigiendo a droguerías y hospitales que informen cómo los habían adquirido. Información extraída de MNews.
