La medida elimina una norma vigente desde 1993 que obligaba a los institutos privados a informar y justificar ante el Estado los aumentos de matrícula y cuotas.
El presidente Javier Milei firmó el decreto que deroga el Decreto 2417/93, una norma que desde hace más de tres décadas regulaba el funcionamiento financiero y arancelario de los establecimientos educativos de gestión privada.
Según se publicó en el Boletín Oficial, la decisión busca liberar a los colegios del control estatal sobre la fijación de cuotas y matrículas, otorgándoles mayor flexibilidad para definir sus precios «en función de la realidad económica y los costos operativos».
La medida sostiene que el esquema vigente «limitaba la capacidad de adaptación de los institutos a las fluctuaciones del mercado» y terminaba perjudicando tanto a las instituciones como a las familias.
«La obligación de comunicar y obtener autorización previa para modificar las cuotas crea una situación de incertidumbre económica que lleva a las escuelas a fijar precios más altos por precaución», argumenta el texto oficial.
Fin del control estatal sobre cuotas y matrículas
Hasta ahora, los colegios privados debían informar anticipadamente al Estado los valores de matrícula y cuotas, y obtener autorización para modificarlos. Con la derogación del decreto, esa obligación desaparece, y las instituciones podrán ajustar sus aranceles sin necesidad de aprobación previa.
El Ejecutivo sostiene que el sistema anterior «constriñe el derecho de propiedad» de los establecimientos y atenta contra la libre contratación, principios que —según el decreto— deben regir las relaciones entre los institutos privados y las familias.
En ese sentido, el texto advierte que la fijación de tarifas previsibles y controladas por el Estado «puede llevar a una precarización de la calidad educativa», ya que impide a los colegios responder a aumentos de costos o salarios docentes.
Revisión del marco normativo de 1991
Además de derogar el decreto de 1993, Javier Milei instruyó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, para revisar el Decreto 2542/91, la norma original que estableció el sistema de financiamiento de la educación pública de gestión privada.
El objetivo, según el decreto, es «adecuar la regulación a las realidades educativas y económicas actuales» y diseñar un nuevo esquema que garantice «la sostenibilidad de los establecimientos» sin comprometer el derecho a la educación de calidad.
Con esta decisión, el Gobierno profundiza su línea de desregulación y reducción de la intervención estatal en distintos sectores, trasladando al mercado educativo privado una mayor libertad para fijar sus condiciones económicas. Información extraída de MDZOL.