En un fallo contundente, la Justicia obligó al Estado provincial a pagar más de $221 millones a la Cooperativa de Sarmiento por la energía que abastece al acueducto del Lago Musters.
El juez criticó duramente la conducta del Gobierno, comparándola con la de un «vecino colgado de la luz».
Una sentencia que pone fin a años de conflicto
El juez civil Gustavo Antoun dictó una sentencia histórica que obliga a la Provincia de Chubut a abonar $221.809.905,89 a la Cooperativa de Sarmiento (COOPSAR). Según la información judicial, la deuda corresponde al suministro eléctrico que mantiene en funcionamiento el acueducto del Lago Musters, sistema crucial que provee agua potable a Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Caleta Olivia y Sarmiento. El magistrado dispuso el pago en un plazo de 10 días, con la posibilidad de dividirlo en seis cuotas bimestrales.
La crítica judicial: «Como un vecino colgado de la luz»
En su resolución, el juez Antoun no ahorró críticas al Estado provincial. Utilizó una analogía contundente para describir el incumplimiento: «Por lo gráfico y significativo podría trazarse un paralelismo con quien se cuelga de la luz sin pagar lo que consume». El contrato de concesión de 2013 establecía claramente que la Provincia debía abonar la energía del acueducto, obligación que incumplió sistemáticamente desde 2015, transfiriendo «una carga económica imposible de sostener» a la cooperativa.
El riesgo para el suministro de agua potable
Además, la sentencia destacó el grave riesgo que el impago provincial representó para el servicio esencial de agua potable. En consecuencia, el juez fue contundente al remarcar: ‘Si la COOPSAR deja de pagar, se corta el servicio’. Asimismo, subrayó que, en la práctica, los socios de la cooperativa de Sarmiento terminaron subsidiando con sus aportes un sistema que beneficia a múltiples localidades. Finalmente, el fallo también ordena que, en un plazo de 30 días, se determine la deuda total restante con la participación de ambas partes.
Un llamado a regularizar el servicio esencial
Más allá de la condena económica, el magistrado exhortó a las partes a negociar con buena fe un convenio definitivo que evite «nuevos entuertos judiciales» y garantice la continuidad del servicio. El fallo sienta un precedente importante para las relaciones entre el Estado y las cooperativas de servicios públicos, marcando un límite claro a la morosidad estatal en servicios esenciales. Información extraída del medio La17.
