El escándalo por el robo de vacunas en Comodoro Rivadavia vuelve a avanzar tras meses de paralización judicial.
La Cámara Federal de Casación Penal aceptó la recusación de los jueces Ana María D’Alessio, Alejandro Cabral y Enrique Nicolás Baronetto, quienes integraban el Tribunal Oral Federal (TOF) que intervino en el primer juicio. Ahora, un nuevo tribunal deberá retomar el proceso contra más de veinte imputados vinculados al Sindicato de Camioneros.
El apartamiento de los jueces
El Ministerio Público Fiscal solicitó el apartamiento de los magistrados al considerar que ya habían emitido opinión sobre el fondo del caso durante el juicio realizado en junio de 2025. En esa instancia, la enfermera Analía Muñoz y el afiliado Marcos Paura fueron condenados por sustraer dosis de la vacuna Sputnik V del Hospital Regional de Comodoro.
La recusación fue aceptada por los jueces Luis Giménez, Guillermo Quadrini y Simón Bracco, quienes destacaron que la medida busca garantizar la imparcialidad del tribunal en la nueva etapa del proceso. Según informó ADNSUR, la decisión implica que el caso deberá ser reasignado y volverá a instruirse desde cero.
La causa vuelve a foja cero
En la primera sentencia, Muñoz y Paura fueron hallados culpables del robo de 30 dosis de Sputnik V. El resto de los implicados —entre ellos el secretario general de Camioneros, Jorge Omar Taboada, y otros 20 acusados de encubrimiento— había evitado el juicio mediante acuerdos de probation.
Sin embargo, la Cámara de Casación Penal revocó esos beneficios, por lo que todos deberán enfrentar nuevas audiencias orales. Entre los imputados figuran Vilma Borau, Gisela Ampuero, Daiana Cárcamo, Eduardo Narváez, Marisa Torres, Cinthia Hernández, Noelia Moure, Silvio Borau, Valeria Khoury, Miguel Santana, entre otros nombres vinculados al gremio.
Conversaciones y pruebas clave
Durante la investigación, se incorporaron mensajes de WhatsApp y capturas de pantalla que evidencian la maniobra. En uno de los textos, una empleada de la obra social advertía:
“Por las dudas no comente que nos van a vacunar. Naza nos avisó que tengamos absoluta reserva.”
Otro mensaje, enviado por personal sanitario, reflejaba la indignación de la época:
“No son de salud. Se vacunan los empleados del sindicato. Es una vergüenza. Cuando para los médicos todavía no hay.”
Estas pruebas fueron determinantes para demostrar la irregularidad del proceso de vacunación, que se realizó en plena escasez de dosis durante la pandemia.
Imparcialidad judicial y jurisprudencia
El Ministerio Público Fiscal argumentó que los jueces apartados ya habían valorado las pruebas y expresado opiniones sobre los imputados, lo que comprometía su objetividad. El fallo citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostiene que la imparcialidad es una condición indispensable para preservar la confianza pública en el sistema judicial.
“Si de alguna manera puede presumirse que el juez genera dudas acerca de su imparcialidad, debe ser apartado para preservar la confianza de los ciudadanos”, señala la resolución.
Qué sigue para la causa
Con el apartamiento confirmado, la Cámara Federal de Casación Penal deberá designar un nuevo tribunal que llevará adelante el juicio. Las nuevas audiencias determinarán la responsabilidad de los acusados por el delito de encubrimiento agravado.
El robo de vacunas ocurrido en enero de 2021 fue uno de los hechos más escandalosos de la pandemia en la Patagonia, no solo por la apropiación de dosis destinadas al personal sanitario, sino también por el vínculo directo del caso con el Sindicato de Camioneros.
A más de cuatro años de los hechos, el expediente vuelve a abrirse con la expectativa de que finalmente se esclarezca la verdad judicial.