Frente a un fallo que ordena cumplir con la ley de financiamiento universitario y tras la derrota legislativa en Diputados, el Gobierno nacional analiza emitir un decreto para reasignar partidas presupuestarias.
El objetivo sería destinar recursos específicos para la emergencia en Discapacidad y el sistema universitario, según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas (NA). Esta estrategia busca evitar modificar el proyecto de Presupuesto 2026, que el oficialismo confía en aprobar en el Senado este viernes.
La semana política cerró con dos golpes para la administración de Javier Milei: el rechazo en la Cámara Baja del capítulo XI de la ley de Presupuesto y una orden judicial que declara «arbitraria» la suspensión de la actualización de salarios y becas universitarias. En respuesta, el Ejecutivo ensaya una salida administrativa que le permita cumplir con los mandatos legales sin alterar el texto presupuestario que enviará al Senado.
La presión judicial: un fallo que ordena cumplir la ley universitaria
El pasado martes, el juez federal Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, tomó una decisión crucial. En primer lugar, hizo lugar a una medida cautelar y, acto seguido, ordenó al Estado nacional cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). Según el fallo, al que tuvo acceso NA, el decreto 759/2025 –que suspendía las actualizaciones– fue declarado directamente inaplicable.
Ahora bien, los fundamentos de la resolución no dejan lugar a dudas. El magistrado consideró que, en esta etapa, la suspensión del Poder Ejecutivo «aparece como una conducta arbitraria y contraria a la Constitución». Por lo tanto, y como consecuencia directa, Cormick ordenó la actualización inmediata de los fondos para salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles; dicho de otro modo, una medida que estará vigente hasta la sentencia definitiva.
En definitiva, esta decisión judicial funcionó como un cronómetro para el Gobierno. De esta manera, lo obligó a encontrar una vía rápida para desbloquear los fondos, ya que, de lo contrario, se arriesgaría a incurrir en desacato.
La estrategia política: un decreto para reasignar y un Presupuesto que avanza al Senado
Frente a este escenario, la Casa Rosada evalúa una herramienta de gestión directa: un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para reasignar partidas dentro del presupuesto vigente. La intención, explican las fuentes, es destinar recursos específicos para atender la emergencia declarada en materia de Discapacidad y cumplir con el fallo sobre financiamiento universitario.
La jugada tiene una clara motivación política. El oficialismo «cree que tiene los números para aprobar» el Presupuesto 2026 en el Senado y no quiere introducir «cambios» en el proyecto, ya que eso lo obligaría a reenviarlo a Diputados, donde acaba de sufrir un revés. Asegurar su aprobación en la Cámara Alta es crucial, ya que sería el primer Presupuesto anual sancionado desde la asunción de Milei, tras casi dos años de administración con la prórroga de la ley de 2022.
En este camino, La Libertad Avanza sumó un apoyo clave: los cuatro senadores de Convicción Federal anunciaron que acompañarán la votación en general del Presupuesto este viernes, acercando al Gobierno a los votos necesarios.
El Gobierno navega entre el cumplimiento de un fallo judicial inapelable y la compleja aritmética legislativa. Su apuesta es un decreto que le permita sortear el obstáculo financiero sin modificar su principal proyecto de ley, mientras busca consolidar en el Senado un hito político largamente esperado: tener su primer Presupuesto propio.
